César Arenas, profesor de Secundaria.

El balance, de las últimas décadas en educación, es agridulce: ha aumentado la inversión, el número de centros públicos y de profesorado, han bajado las ratios, y se ha multiplicado la escolarización en Infantil, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. También han mejorado las metodologías didácticas y la formación del profesorado.

Sin embargo en esos años se ha producido también una creciente radicalización de la doble red escolar, lo que ha aumentado las diferencias en los porcentajes de titulación, dependiendo de la clase social y del tipo de centro escolar. Así, incluso con leyes con intenciones democratizadoras e integradoras, como las promulgadas con gobiernos del PSOE, las clases medias huyeron de la escuela pública, que poco a poco se fue especializando en la atención al alumnado con mayores dificultades, que generaban, además, menor presión para que se invirtiera en ella.

Este balance agridulce, que constata que en estas décadas no se ha puesto en cuestión el poder del bloque clerical-conservador, no nos impide valorar que ahora se está desandando lo positivo del camino ya andado, para retroceder en dirección a la escuela anterior a 1970, que está cristalizando en el proyecto educativo, y de sociedad, de la LOMCE, caracterizado por recortar y desinvertir en una escuela más selectiva y segregadora, una escuela, en suma, más cutre y más antigua.

Pero además de todo eso, la LOMCE es una Ley contra el profesorado: no sólo recortará aún más las plantillas, al legalizar el aumento de jornada lectiva y de ratios, y fomentar la concertada, sino que deteriorará las condiciones de trabajo al propiciar los traslados, con un baile de asignaturas que cambia la carga lectiva y especializa los centros.
Además potenciará el clientelismo de los equipos directivos al incrementar su poder, y darles (como ya está pasando en algunas CCAA) la potestad de seleccionar  a una parte de los claustros, lo que quebranta los principios de seguridad jurídica y de igualdad, mérito y capacidad, que son la esencia de la función pública.

La política educativa de la LOMCE implica, también, mayor precariedad del profesorado interino, con cambios en los modelos de contratación en los que primará la oposición frente a la experiencia, y supondrán un alto grado de rotación, con lo que eso implica de angustia en dicho profesorado.

Sin embargo, lo más negativo de la Ley Wert es que no se va a contar con los profesionales de la educación, en aspectos tan importantes como la decisión sobre la titulación del alumnado, que pasará a depender de reválidas externas corregidas por profesorado ajeno a la Escuela Pública.

Desprecio, que contrasta con el reconocimiento que da la ciudadanía al profesorado de la educación pública que se basa en una implicación profesional superior a la que se exige por el mero hecho de ser funcionario. Compromiso con la educación que seguiremos manteniendo y que nos llevará a seguir presionando para que la LOMCE no llegue a ser aprobada. O que de serlo, su vida sea tan efímera como lo fue la de la LOCE.