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LOMCE de Wertgüenza (ocho artículos, ocho campos)

Publicado por Enrique Javier Díez Gutiérrez | 2 de febrero de 2013

Se recogen aquí una serie de ocho artículos cortos sobre el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

Cada uno de ellos se centra en un aspecto fundamental de la Ley:

1.Es una ley sin base científica pedagógica, impuesta sin debate ni consenso.

2.Es una ley con una filosofía profundamente mercantilista y privatizadora.

3.Es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela y que retrocede en la igualdad

4.Es una ley clasista y segregadora,

5. Es una ley recentralizadora y controladora del curriculum y del profesorado,

6.Es una ley que devalúa la Formación Profesional

7.Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista y convierte la educación en una carrera de obstáculos

8.Antidemocrática y jerárquica

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LOMCE de Wertgüenza: una imposición antipedagógica (I)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir. El principal reto que debería afrontar la educación en nuestro país es lograr el éxito escolar de todo el alumnado al menos en la educación obligatoria. Conseguirlo supondría alcanzar altas cotas de calidad y equidad en nuestro sistema educativo.

Los informes internacionales, como el reciente de la UNESCO, y los propios objetivos de Europa 2020 inciden en una prioridad básica para ello: invertir en educación. Pero las medidas que se están llevando a cabo, centradas exclusivamente en la reducción del déficit público, están determinando unas políticas restrictivas caracterizadas pura y simplemente por los recortes en el servicio público educativo. La disminución de las plantillas de los centros públicos y de los servicios educativos complementarios, el aumento de las horas lectivas del profesorado, el incremento del alumnado por clase, la supresión de Escuelas Rurales, la desaparición de programas de apoyo y refuerzo, de planes de convivencia, la subida del IVA al material escolar, la drástica disminución de las becas de comedor..., son recortes que afectan directamente a la calidad y a la equidad del sistema, al mermar la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado y al restringir las posibilidades reales para articular planes y medidas eficaces. El proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) viene, por tanto, acompañado de una memoria económica real de -5.212 millones, que son los recortes que el PP ha hecho en educación desde su llegada, y otra memoria comprometida en recortar otros 15.000 millones hasta 2015. De tal forma que los compromisos del Gobierno de España con Bruselas recortarán hasta el 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE.

Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, ahondando en una reforma profundamente antipedagógica, mercantilista, regresiva, clasista, excluyente, segregadora y al margen de la comunidad educativa; una auténtica contrarreforma que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Esta es una ley sin base científica pedagógica porque los motivos que exhibe para proponer esta reforma no están basados en ningún tipo de investigación científica ni análisis y diagnóstico del sistema actual y sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas. De hecho, en el primer redactado del anteproyecto aparecían datos sin fecha, referencias incompletas y muchas veces equivocadas, cuadros que no indicaban su fuente... En el último redactado simplemente se tergiversan resultados de investigaciones internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas investigaciones e informes internacionales concluyen. Realizando además un diagnóstico parcial e interesado del actual sistema educativo, limitándose a agrupar los datos más negativos, sin realizar una mínima aproximación a las causas reales que provocan estas deficiencias, con afirmaciones obsoletas comúnmente ya superadas entre los profesionales y expertos del mundo educativo. Aunque el Ministro afirme que “la reforma de la LOMCE se apoya en evidencias y recoge las mejores prácticas comparadas”, lo que propone realmente es legislar contra la evidencia empírica de que disponemos en el campo de la educación.

Esta es una ley impuesta sin debate ni consenso. Esta ley se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. Todo el debate anunciado se ha reducido a una consulta on line mínima y trucada. Lo que el ministro Wert entiende por ‘debate’ consiste en a facilitar una dirección de correo electrónico a la que enviar sugerencias o críticas, sin confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Y ha sido el propio Ministerio quien ha decidido cuáles son consideradas y cuáles no, sin hacer públicas siquiera las que ha recibido. Se rompe así toda posibilidad de debatir pública y abiertamente sobre los problemas concretos y deficiencias de nuestro sistema educativo, algo que concierne a toda la ciudadanía y que requiere, además, contar con las voces y aportaciones de la propia comunidad educativa y de expertos y expertas para poder tomar las medidas adecuadas a corto y medio plazo. Esta es una Ley que aunque hace declaraciones en la exposición de motivos, omite claramente aspectos cruciales en su articulado como la equidad, la igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad, la atención personalizada del alumnado, la rebaja de ratios o de horas lectivas del profesorado, elementos que influyen poderosamente en las actuales tasas de abandono y fracaso escolar, como demuestran todos los estudios e investigaciones internacionales, así como los propios informes de la UNESCO y la OCDE. Los sistemas escolares más exitosos para todo el alumnado, como el finlandés, son sistemas que apoya claramente la enseñanza pública, el aprendizaje personalizado, la comida gratuita al alumnado, los servicios de salud, el apoyo psicológico, la orientación y tutorización del alumnado, etc, prácticas que son, curiosamente, parte de las recomendaciones incluso del Informe McKynsey.

Esta ley elude las recomendaciones de la propia Unión Europea sobre la necesidad de priorizar las inversiones educativas, sobre el incremento del gasto público en educación y su equiparación progresiva a la media de los países de la Unión Europea. La calidad educativa y la mejora de la enseñanza están ligadas a la inversión educativa, los recursos humanos y materiales, las ratios profesor/aula, la formación del profesorado, la atención a la diversidad o los servicios educativos complementarios, es decir, el “input”, que aparece en todo estudio internacional como sinónimo de calidad. Cualquier reforma educativa debe formalizar una Memoria Económica consensuada con el objetivo de que la inversión en la educación sea la media del PIB de la UE15 si quiere realmente conseguir los objetivos de erradicar las altas tasas de fracaso y abandono escolar, mejorando la calidad de nuestro sistema educativo. Pero para ello sería necesario la supresión del Real Decreto-ley 14/2012, el decreto de los recortes en educación, en vez de justificarlo con este Proyecto de Ley LOMCE que supone avanzar justamente en lo contrario de lo que proclama en su preámbulo, quebrando la equidad, la cohesión social y generando una estructura educativa que potencia las desigualdades personales y de origen social o económico.

 

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LOMCE S.A. de Wertgüenza: privatización y mercantilismo (II)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

La nueva reforma educativa, denominada LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) es una ley con una filosofía profundamente mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Aunque ha tratado de maquillar esta ideología que subyace a toda la reforma en la exposición de motivos del enésimo borrador que ha difundido, esto no se ha trasladado al articulado de la ley.

La exposición de motivos, que resume la filosofía que guía el texto, dejaba traslucir en los borradores iniciales la concepción de la Educación no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. La educación se plantea así, en esta Ley, como un factor dependiente de los procesos económicos y enfocada a potenciar esos procesos, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

Así, aparecía en el segundo borrador del Anteproyecto, que la educación debe entenderse como “motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país [...] para competir con éxito en la arena internacional [...] representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. El último borrador mantiene que “el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito el panorama internacional” y “abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico”. Aunque trata de disfrazar en parte ese disparate de considerar la Educación desde una perspectiva mercantilista, introduciendo artificial y forzadamente aspectos como la necesidad de facilitar el desarrollo personal y social, de garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad social, la justicia social..., ese maquillado de la exposición de motivos en la ley no trasciende realmente a su articulado. Términos como “competitividad”, “empleabilidad”, “planificación estratégica”, “rendición de cuentas”, “resultados”, marcan a lo largo de toda la Ley el horizonte de lo que se entiende por educación. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.

Esta es una ley profundamente privatizadora porque introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español (Art. 2.bis), que supone situar en un plano de igualdad al conjunto de agentes públicos y privados que “desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España”. Supone de facto la consagración de las empresas, corporaciones empresariales y grupos religiosos que financian, prestan o regulan la educación como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo, abriendo las puertas a una mayor profundización en el proceso de privatización. Además establece que la programación de la red de centros se establecerá de acuerdo a la “demanda social” y suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. Esta redacción, que modifica el art. 109 de la LOE, transforma sustancialmente la actual responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza que asegure una red pública, gratuita y de calidad, además de un sistema de becas y ayudas para que ningún estudiante sea expulsado del sistema educativo postobligatorio por motivos económicos. Al eliminar el término “públicas” de la redacción, establece la posibilidad de creación de centros privados con dinero público, estableciendo que las administraciones garantizarán la existencia de plazas en las zonas de nueva población, en función de la “demanda social”, que cada administración podrá interpretar de acuerdo con su orientación.

Avanza incluso más, en el último borrador de la ley, invirtiendo radicalmente este principio básico de todo Estado Social y de Derechos democrático, consagrando la subsidiariedad de lo público respecto a lo privado. Es decir, convierte la educación pública en subordinada y dependiente de la educación privada subvencionada, estableciendo que la programación de la educación obligatoria tendrá que tener en cuenta la oferta de centros privados concertados existente además de la demanda social.

Además, por primera vez en la historia, con la excusa de “españolizar” a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, dispone que en todas las etapas educativas obligatorias las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas, obligando a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados.

La enseñanza privada ha resultado altamente favorecida por esta reforma, consolidando que nuestro país sea una excepción en la Unión Europea en cuanto a la existencia de enseñanza privada subvencionada. El texto modifica el artículo 116 dándoles garantías de no discriminación en la recepción de fondos sea cual sea su carácter y su ideario. Amplían los años de duración mínima de los conciertos hasta 6 años en Primaria y 4 en el resto de enseñanzas, dando tranquilidad a la empresa titular de los centros concertados ante la disminución de la población escolar. Las consejerías de educación podrán cerrar aulas en las escuelas públicas, manteniendo las de privadas, pues el concierto aprobado, que incluye el nº de aulas en funcionamiento, es para seis años. Y determina que las Administraciones educativas podrán concertar con carácter preferente y general los ciclos de FP Básica, teniendo tales conciertos un carácter general y no singular como sucedía en los Programas de Cualificación Profesional Inicial. La disposición final 3ª, que modifica 6 artículos de la LODE, anula elementos esenciales de la identidad de los centros concertados respecto de los centros privados.

 

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LOMCE de Wertgüenza: adoctrinamiento sin valores (III)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

La nueva reforma educativa, denominada LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, acusándola de adoctrinar ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión en la escuela y la financiación de los centros católicos a través del régimen de conciertos, conservando las disposiciones adicional 2ª y 3ª de la LOE, que potenciaban la religión en la escuela pública y otorgaban relevancia profesional al papel de las personas designadas por los obispos católicos.

Es más, en clara concesión a la jerarquía católica, que viene reclamando la existencia de una alternativa evaluable a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de esas clases de adoctrinamiento, esta ley obliga a que todo el alumnado tenga que cursar Religión Católica o Valores Culturales y Sociales como alternativa evaluable, volviendo a la LOCE del Gobierno Aznar en 2002. Dado que la nota de estas asignaturas contará para repetir curso las familias volverán a elegir la religión católica, donde tienen buena nota asegurada, como nos dicen las estadísticas. Se extiende el adoctrinamiento incluso hasta Bachillerato, pues entre las asignaturas específicas de las que se debe cursar un mínimo de 2, aparece la Religión, por encima incluso del nivel de la Lengua Cooficial y Literatura que queda como asignatura de “especialidad”. Es más, desaparece la asignatura de Ética Cívica de 4º de la ESO, es decir la única asignatura que en Secundaria servía para enseñar la reflexión ética sin moral religiosa. A cambio establece que “el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas” en la ESO. Una “educación cívica” que, ya sabemos, incluirá temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor, la defensa de la propiedad intelectual, la alusión constante a la simbología del Estado Nacional, o cuestiones especialmente controvertidas, como la moralidad humana y el respeto a la vida ligadas a los postulados de la iglesia católica. La misma intencionalidad hace que desparezca la asignatura común para todas las modalidades de Bachillerato, Ciencias para el Mundo contemporáneo, ya que en ella parecen enfrentadas la opinión científica y la católica, tanto en la compresión del mundo como en la toma de algunas decisiones personales.

Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos, estableciendo que no es discriminatorio que los centros segreguen a su alumnado por esta razón, incumpliendo así la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Esto es una concesión a la presión de un sector de la iglesia católica más conservadora que separa al alumnado por sexos en función de sus prejuicios morales y religiosos que transmiten en la educación. Esta ley consagra que se financie con los impuestos de toda la ciudadanía este sistema de segregación anticonstitucional y contrario a los derechos humanos.

Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina en su Título II que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad. En este redactado subyace una clara intención de pasar por alto, invisibilizar u ocultar la presencia de todas las alumnas, las maestras, las profesoras, las directoras, las madres, las técnicas y todas las mujeres que se encuadran dentro de la comunidad escolar y que precisamente en este ámbito son mayoritarias.

Es una ley que también quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos para impartir docencia.

Por eso, en el contexto de este modelo, no sorprende ya que incluso se modifiquen los criterios para la admisión del alumnado, incluyendo el rendimiento académico -en centros de especialización curricular- con hasta un 20% de la puntuación. Los centros podrán, con esta modificación, seleccionar claramente a su alumnado. A esto hay que añadir aún que, con la “especialización” y la introducción de “aspectos específicos” para la definición del “carácter singular del centro”, podrán seleccionar todavía más al alumnado. Esto es otra concesión y cobertura legal a los sistemas de selección encubierta que venían haciendo desde la escuela concertada que ya podrá hacerlo explícitamente y sin tapujos. En poco tiempo los datos nos confirmarán que se habrá avanzado en la discriminación hacia el alumnado inmigrante y de minorías que si ahora sólo un 20% es admitido en estos centros concertados, estando el 80% restante en la pública, prácticamente desaparecerá con las herramientas que les facilita esta ley.

Si a esto le añadimos la zona única de escolarización que el PP está creando en todas las Comunidades Autónomas, donde se facilita que las familias con recursos y medios puedan llevar a sus hijos e hijas desplazándose a centros fuera de su entorno para evitar la diversidad y pluralidad de las escuelas públicas, la segregación está servida y consagrada. Pero, ciertamente, ésta es la ideología del PP: no mezclar a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Lo tienen claro y no ven ninguna contradicción ni escándalo en establecer normas y legislaciones que así lo establezcan.

Es una ley no sólo sin financiación, sino que justifica ideológicamente los recortes realizados. Es una ley que combatirá el fracaso escolar “maquillando las estadísticas” y expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas. Es una ley que promueve un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Compendio de viejas recetas que no han dado los resultados supuestamente esperables en aquellos países en los que se han aplicado y que la comunidad científica internacional ha rechazado de plano. Lo peor de esta ley es que no construye la escuela del futuro, sino que restaura la mala educación del pasado.

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LOMCE de Wertgüenza: el talento de segregar (IV)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

La LOMCE es una ley profundamente clasista y segregadora. Sorprende la nula relevancia que se da a la función de cohesión e integración social de la educación, especialmente importante en el caso de la educación básica, así como que no se incluya como objetivo prioritario el éxito educativo de todos los estudiantes para garantizar la igualdad de oportunidades. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, romper el actual tronco común en la escolaridad básica, común y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores. Parte de algo consabido, todo el mundo tiene talentos, pero especifica que éstos son de distinto tipo. Cuando lo concreta parece que unos tienen talento para el éxito escolar -que son los que irían a los itinerarios académicos en secundaria- y otros lo tienen para el trabajo manual -los destinados a la formación profesional o a los programas de formación profesional básica-. Cierto que no se puede tratar igual a los que son diferentes. Pero ese principio no debe estar orientado a excluir a las personas con mayores dificultades, sino a poner los medios necesarios para poder integrarlas.

El término “talento”, infrecuente en la literatura pedagógica contemporánea, recuperado de la terminología bíblica para utilizarlo en esta Ley se orienta en un sentido innato y selectivo que es contrario al principio y la orientación básica de la pedagogía y la psicología actual: toda persona tiene capacidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida. Es un profundo error científico seguir creyendo en el siglo XXI que se nace con talento o no, o unos con un talento muy reducido y otros con un talento extraordinario, y que la educación no puede cambiar ese hecho, sólo colocar a cada quien en el carril correspondiente al talento que le ha tocado. Unos en el carril de los estudios de excelencia y otros en el carril de la formación para el trabajo. Este prejuicio sin fundamento es el que ha asentado, hasta épocas recientes, que a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. No podemos volver a prejuicios ya superados sobre el modelo de los supuestos “talentos” que considera la inteligencia como algo innato e inamovible y que hay que clasificar a los sujetos para dar a cada uno una vía diferente según el juicio que se determina en edades tempranas. Esto fue lo que llevó a determinar a temprana edad que Albert Einstein no tenía talento y era un fracaso escolar. Lo que la escuela debe contribuir es a desarrollar la capacidad de apasionarse por el aprendizaje de todos los jóvenes. Esto sólo es posible a través de un proceso de aprendizaje motivador que facilite realmente que todos los jóvenes puedan desarrollar su inteligencia hasta el máximo de sus potencialidades.

Los itinerarios que plantea esta reforma son la vía para seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolo del tronco común en educación. Itinerarios que son una restauración de la LOCE de Aznar y que no conducen a reducir el abandono y el fracaso escolar, como se pretende hacernos creer, sino a eliminar progresivamente la igualdad de oportunidades y la formación común durante la etapa obligatoria. Los datos internacionales confirman sistemáticamente que los países con buenas puntuaciones en PISA, como los países nórdicos, poseen también un alto grado de comprensividad (es decir, sin vías selectivas y diferenciadoras en la enseñanza secundaria obligatoria). Es más, los países que segregan a edades tempranas tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión entre el estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. La mayor parte de Europa eligió el camino contrario hace años no sólo porque el otro era injusto, pues sobra evidencia de que condena al alumnado de familias en desventaja, sino porque era ineficaz, pues privaba a la sociedad de una reserva de talento. El informe del 2012 de la OCDE titulado Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, muestra cómo la equidad y los buenos resultados académicos van de la mano.

La LOMCE implanta de hecho diferentes itinerarios desde casi el comienzo de la ESO. Con el denominado eufemísticamente Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º de la ESO, es decir desde los 13 años, agrupando al alumnado que haya repetido al menos un curso y quienes tienen dificultades, ofreciéndoles un currículo devaluado, algo que hará muy difícil incorporarse a 4º de ESO desde este programa y superar posteriormente la reválida para obtener el título de ESO. Por lo que parece buscarse que este programa acabe siendo la “vía natural” hacia la nueva Formación Profesional Básica, otro segundo itinerario.

La Formación Profesional Básica (FPB) sustituye a los actuales PCPIs (Programas de Cualificación Profesional Inicial). Mientras que los PCPIs estaban dirigidos a dar una oportunidad al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso escolar al final de la escolarización obligatoria (mayores de 16 años) y conducían a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, la FPB se adelanta a partir de segundo curso de la ESO, a los 15 años, si se ha repetido. No da acceso directo a la Formación Profesional de grado medio y, aunque contempla en el 2º borrador la posibilidad de adquirir el título de Graduado, no propone medidas adecuadas para que esa posibilidad pueda hacerse realidad, algo que condena de hecho a este alumnado a la marginación social, pues no le permite continuar sus estudios o insertarse en el mundo laboral con una mínima titulación básica. Además no sería una opción muy excepcional (como los PCPI) sino una vía ancha para conducir de forma masiva hacia la FPB a un alumnado muy joven. Esta filosofía segregadora del PP se traslucía muy claramente en el primer redactado del anteproyecto en donde se proponía empujar a estos programas a los que tuvieran una “situación socioeconómica desfavorable”, equiparando pobreza y poca capacidad para el estudio.

La separación tajante de cuarto de ESO en dos vías, la de enseñanzas académicas, que conducirá al Bachillerato, y la de enseñanzas aplicadas, que conducirá a la Formación Profesional, continuará con la diferenciación temprana del alumnado. De hecho se adelanta la vía hacia la formación profesional a 3º de ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén "bien diferenciados", derivando cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría. Impidiendo además que se pueda pasar de una opción a otra.

Estos itinerarios suponen una segregación clasista, un ataque directo a la compensación de las desigualdades de origen. Cuanto antes se segrega más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y niñas y adolescentes. Por ello la filosofía de este modelo educativo del PP apunta claramente a generar más desigualdades y favorecer una sociedad aún más clasista que la existente.

 

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LOMCE de Wertgüenza: recentralización y control (V)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

La nueva reforma educativa, LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa), es una ley profundamente recentralizadora y controladora del curriculum y del profesorado.

Las materias pasan a estar clasificadas en un ranking que establece su importancia: troncales, específicas y de especialidad. Las materiales troncales, la mayoría y más sustantivas, las fija el Gobierno, tanto en sus contenidos como en el horario mínimo, y las Administraciones educativas el resto. Lo cual significa que elimina la autonomía pedagógica de los centros, la capacidad de adecuación de los contenidos y directrices pedagógicas al contexto escolar y social del centro, mostrando, de nuevo, una clara desconfianza en la capacidad profesional del profesorado y de las comunidades educativas.

Además tampoco se fía de las Autonomías, pues el contenido y horario que fijará el Gobierno en las materias troncales puede ser incluso mayor del que hablaba el borrador inicial de la LOMCE, que ya establecía recentralizar la parte que se asigna al Estado dotándole de “un mayor porcentaje a la hora de definir el currículo a impartir”, entre un 65 por ciento y un 75 por ciento, reduciendo la autonomía de las Comunidades Autónomas. Los centros se limitarán, en todo caso, a poder completar los contenidos porque incluso las directrices de la metodología didáctica a emplear vendrán marcadas por la Administración (Art. 6.bis). Esto supone un intervencionismo estatal, un dirigismo político y un sistema jerarquizado con menos autonomía y menos libertad de enseñanza, apostando por la uniformidad desde un claro enfoque marcado por la agenda ideológica del PP.

Pero va más allá aún. En este afán controlador el Gobierno se reserva fijar los “estándares y criterios de evaluación” que “señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia”, así como la redacción de las reválidas en ESO y Bachillerato. Suprime así toda autonomía pedagógica de los centros, convirtiéndola en una autonomía capturada por los resultados y rendimientos medidos por las pruebas y reválidas estandarizadas. Porque, como reflejan todas las investigaciones en este campo, “tal como evalúas así enseñas” y estas evaluaciones centralizadas marcarán y uniformizarán profundamente los contenidos relevantes que van a ser enseñados.

Es una ley que recorta y reduce el currículum. Esta contrarreforma pretende concentrar la carga lectiva en las asignaturas instrumentales, centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral, reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles. Es lo que se viene llamando en la terminología neoliberal “volver a lo básico”, un eufemismo neocon para justificar volver al modelo de la época industrial del XIX en la que se impartía unas pocas asignaturas que se consideraban necesarias para “triunfar” en la vida laboral, relacionadas con el conocimiento “útil” y necesario para trabajar en la industria. Otras importantes áreas creativas e innovadoras del conocimiento son desechadas en aras de la utilidad laboral futura. Reducir estas áreas de conocimientos no hará sino empobrecer la educación y la cultura de los jóvenes, que seguirán recibiendo las mismas enseñanzas que sus abuelos y supondrá un retroceso en el conocimiento de áreas esenciales de la historia de la humanidad.

Se trata así de sacrificar unos contenidos abiertos, globales y complejos, para centrarse en preparar futura mano de obra laboral, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos, para acceder a un mercado laboral precario y en constante rotación. Es lo que Berlusconi resumió con el lema de las tres “ies”: “Inglese, Internet, Impresa” (traducido en España, este último, por “espíritu emprendedor”). Sólo quienes logren superar todas las reválidas que se pretenden imponer podrán acceder a estudios superiores que les proporcionarán unos contenidos formativos más completos y cualificados, dirigidos a cubrir empleos técnicos intermedios o a puestos directivos (quienes puedan pagarse las nuevas tasas escandalosas de los másteres universitarios).

En función de su clasificación en el ranking, se les asignará mayor horario a las asignaturas instrumentales, denominadas troncales, como si la solución a los problemas de aprendizaje en cualquier materia se encontrara en el incremento de sus horas lectivas. Aunque los resultados de las investigaciones internacionales desmienten esta creencia. Con unas horas prácticamente similares en las instrumentales y con muchas menos horas lectivas totales Finlandia obtiene muchos mejores resultados en las pruebas PISA que España. La investigación en el campo educativo muestra sobradamente que la diferencia en los resultados en la puntuación PISA no se encuentra en más horas de matemáticas, sino en cómo se enseñan y en qué contexto se aprenden.

Son medidas que culpan de las dificultades y problemas exclusivamente al alumnado, al profesorado y eventualmente a los centros, mientras que la Administración, responsable de los niveles de inversión, del número de profesorado y centros, de las ratios, de los recursos de los centros, etc., se lava las manos de su responsabilidad en los resultados obtenidos por el sistema educativo.

Recentralización, segregación temprana, eliminación progresiva de la comprensividad, aceptación de la concertación de la educación diferenciada por sexos, reválidas como instrumentos de selección y no de mejora, supresión de los cauces democráticos de participación, vuelta a un curriculum controlado por la administración educativa y a una pedagogía tradicional del esfuerzo y la letra con sangre entra. Esta ley lo que quiere es crear ciudadanía disciplinada.

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LOMCE de Wertgüenza: devalúa la FP (VI)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

La nueva reforma educativa, denominada LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) es una ley que devalúa la Formación Profesional. Utilizar la excusa de aumentar la empleabilidad, como se argumenta, para segregar cuanto antes al alumnado hacia la formación profesional, rompiendo la enseñanza común y general, olvida que necesitamos una estructura empresarial y de empleo que en estos momentos carecemos, porque la empleabilidad no depende exclusivamente de la formación sino de la demanda laboral.

Además, para ello, se necesitaría aumentar los perfiles formativos de formación profesional, del número de centros, la infraestructura profesional (talleres en los centros) y el profesorado cualificado, etc. La selección temprana en la secundaria obligatoria lo que va a provocar es una devaluación de la Formación Profesional.

La aplicación del modelo de FP dual, importado de Alemania, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente debido a la falta de una política industrial y de empleo y a las diferentes reformas laborales que favorecen los despidos, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.

El hecho de que el modelo aprobado no incluya como requisito imprescindible que el alumnado reciba una remuneración por las prácticas -en Alemania las empresas les pagan entre 300 y 800 euros- supone que el Ministerio le está regalando a las empresas mano de obra joven y barata, sin que tan siquiera vele por una correcta formación del alumnado, más allá de las necesidades específicas de una determinada empresa. La implantación de la FP Dual queda rápidamente cuestionada simplemente constatando que a nivel estatal el 92,7% de las empresas son pymes -el 85% con un máximo de dos trabajadores o trabajadoras- que difícilmente podrán garantir la existencia de una persona que ejerza la labor de tutorizar y enseñar al alumnado como sucede en Alemania.

Lo que realmente se implanta con esta ley es la desregularización de la FP, permitiendo un recorte aún mayor en profesorado, instalaciones, componentes, materiales, equipos... que podrán ser suprimidos de los centros educativos ya que la formación práctica se enseñará en las empresas.

Además hay que destacar que este modelo supone la absoluta subordinación de cualquier tipo de planificación educativa profesional a las necesidades de las empresas, o más concretamente de las empresas dominantes y de la coyuntura económica, lo que podría llevar a perder la polivalencia de la formación profesional imprescindible en la sociedad actual, con necesidades tan cambiantes en el mercado laboral. Esta ley persigue el desmantelamiento de todo atisbo de cualquier modelo educativo basado en la comprensividad y en el principio de calidad con equidad. Lo que busca es consolidar una enseñanza dual mediante la estrategia de abandonar a su suerte a la educación pública y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos para quienes tienen más dificultades de aprendizaje. Esta es una Ley que contempla a la educación como un bien privado al servicio exclusivo del sistema productivo, que considera el servicio educativo sujeto a las leyes del mercado, donde la competencia entre los centros y la preferencia de elección en aras de una futura ventaja competitiva en el mercado laboral para los hijos e hijas, serán los elementos que determinen la calidad del sistema.

No ofrece medidas para reducir la tasa de abandono educativo temprano y mejorar la tasa de población que alcanza el nivel de ESO, sino que las medidas que propone van justamente en el sentido contrario: la multiplicación de reválidas al término de cada etapa o la segregación temprana. Es decir, esta reforma no está dirigida contra el fracaso escolar, sino contra el alumnado que “fracasa” en este sistema educativo. En definitiva, esta ley eufemísticamente denominada “para la mejora de la calidad educativa”, lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos. ¿Calidad para quién? Para aquellos que se la puedan pagar.

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LOMCE de Wertgüenza: darwinismo educativo (VII)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista donde sobrevive el más fuerte y que mejor se adapta al sistema que se exige. Esta reforma busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Así los centros educativos tendrán que aprender a competir entre ellos, anunciando en el mercado de consumo su especialización y sus logros en los rankings que se publicitarán. Con el fin de que los “clientes” puedan comparar y elegir aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral.

La ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Se contempla así en la ley un nuevo tipo de centros con un proyecto educativo “de calidad”, basada obligatoriamente en criterios competitivos, que determinará su especialización y que serán evaluados en relación a sus resultados académicos. Sus recursos estarán condicionados por esos mismos resultados. Es el llamado “pago por resultados” propio del mundo empresarial. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con el puesto en el ranking. Se les aplica así a los centros el denominado “efecto mateo”, aludiendo a la parábola de los talentos en el evangelio: aquellos centros que tienen se le dará más financiación y tendrán en abundancia, pero a los que no tienen, se les quitará aun lo que tienen. Es la ley del mercado. Aquellos “productos” más demandados son a los que tenemos que reforzar. Esta competitividad desembocará en una selección del mejor alumnado por parte de los centros educativos, para demostrar que los recursos han sido utilizados de forma eficiente.

Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Impulsa así una competencia y lucha darwinista entre centros, con recursos y medios cada vez más escasos, de consecuencias imprevisibles para la equidad del sistema. Los centros reaccionarán buscando la forma de estar en la parte más alta posible del ranking, dedicando el tiempo escolar de forma eficiente a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permita estar en primera división, no sea que las familias ya no les elijan y la financiación se recorte. Ya no se tratará de qué puede hacer el centro escolar por el alumno o alumna que entre en él, sino qué puede hacer el alumno o alumna por el centro escolar para que suba y no baje en el ranking.

Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. Enmarcado en una concepción de la educación dirigida fundamentalmente a la acumulación de conocimientos académicos por parte del alumnado, el modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas, en 2º o 3º y 6º de primaria, y de reválidas al final de etapa, en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

Toda esta profusión de pruebas y reválidas afectará al alumnado. Los exámenes de primaria son pruebas que afectan al expediente del alumnado (clasificándolo). Pero especialmente graves serán los efectos académicos de las reválidas de Secundaria para todo el alumnado, pues abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando y sacar el título correspondiente. Quienes no aprueben serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización. Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del esfuerzo” y “carrera meritocrática”. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. Estas reválidas no son pruebas para conocer el estado o situación del sistema, no buscan luchar contra el fracaso sino más bien certificarlo, sirviéndose de él para expulsar del sistema educativo de forma prematura a una buena parte de los que han sido incluidos en los últimos treinta años.

Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por personal ajeno al centro, desconocedor del alumnado, de su realidad, de su estilo de aprendizaje. Este modelo de evaluación supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional pues, según el Ministerio de Educación, parece que no está capacitado para llevar a cabo la evaluación formativa de su propio alumnado, relegando así a un segundo plano su conocimiento de toda la evolución personal y formativa del alumnado, en aras de la hegemonía de una evaluación externa que solo controla el dominio por parte del alumnado de una fracción del programa educativo en un momento concreto, y abandona en la práctica el modelo de evaluación continua.

Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones. Quienes no aprueben esta “reválida” y tengan 45.000 euros podrán matricularse en una Universidad privada y obtener el título de Medicina, por ejemplo, y ejercer su profesión sin ninguna reválida más. Parece, pues, que las reválidas y el control exhaustivo emprendido desde primaria desaparecen si se tiene dinero para pagar. Este sistema, unido al aumento de tasas y la reducción de becas, propiciará la segregación de otro sector importante del alumnado.

 

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LOMCE de Wertgüenza: antidemocrática y jerárquica (VIII)

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

La LOMCE es una ley profundamente antidemocrática. No cree en la democracia, ni en que los centros educativos deben ser espacios para educar en y para la democracia. Porque la ciudadanía democrática no se aprende sólo estudiando sobre ella sino, fundamentalmente, ejerciéndola. Pero esta ley modifica el art. 119.1 para quitar a la comunidad educativa la capacidad de gobierno y evaluación de los centros.

Se produce un trasvase de competencias desde el Consejo Escolar hacia el director, que será quien apruebe los proyectos y normas del centro, la programación general anual, la obtención de recursos complementarios -patrocinios, financiación de entidades privadas y “donantes”, decida sobre la admisión de alumnado y fije las directrices para la colaboración con las Administraciones locales y con otros centros. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias, lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Los centros públicos pierden la opción de intervenir en lo que ya era solo un concurso de méritos. Les queda un escaso 30% (ahora es un 66%). Por si fuera poco, la mitad de ese 30% será profesorado del Claustro y ni siquiera se obliga a que el resto sea del Consejo escolar. Desaparece también la prioridad de los candidatos del propio centro.

En la enseñanza privada subvencionada se vacía de contenido el consejo escolar, afectando a sus competencias en relación con la selección del director y del profesorado, y en el despido de los docentes. Esto provoca la práctica eliminación del funcionamiento democrático y participativo de los centros educativos, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución. Esta ley plantea un modelo de autonomía de los centros que rompe con toda la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa para que la labor educativa tenga éxito. Estamos ante una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública. La denominada “Nueva Gestión” propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública.

Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela: “El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro", que en el segundo borrador establecía que podría ser una especialización por tipología del alumnado. Lo cual refleja la filosofía de esta ley: consagrar “legalmente” la exclusión de determinado “tipo” de alumnado, inmigrantes, minorías y quienes tienen dificultades de aprendizaje, como viene siendo práctica habitual en buena parte de los centros concertados, tal como muestran las estadísticas oficiales anualmente.

Esta Nueva Gestión implica también una concepción de la gestión profundamente jerarquizada y piramidal, en donde la dirección se convierte en una función unipersonal y no colegiada, pasando también a tener el control en la “gestión de personal” en los colegios públicos especializados donde el director o directora podrá seleccionar al profesorado, “estableciendo los requisitos y méritos para los puestos de personal funcionario docente” y “podrá rechazar interinos procedentes de las listas”. Se quiebran por tanto los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Esto abre, aún más, el camino de manera alarmante a la privatización de la gestión de los centros públicos y de su financiación. Se potencia simultáneamente la “profesionalización” de la dirección escolar como gerente, experto en gestión económica, empresarial y de recursos humanos. Incluso el director o directora pasa a ser el responsable único en la admisión del alumnado; y pasa también a ser supervisor de sí mismo, pues será el encargado de aprobar los proyectos y las normas que rigen sus propias competencias.

Este modelo jerárquico y piramidal de decisión, no potenciará una dinámica participativa dentro del centro, sino que, por el contrario, lo más fácil es que genere un clima burocrático y autoritario, justamente lo contrario que recomiendan todas las investigaciones sobre liderazgo y organización educativa. El gobierno y gestión de los centros educativos se inscribe en lo que se llama como "organizaciones de profesionales", aquellas cuyo rendimiento depende esencialmente de las capacidades y actitudes de sus integrantes. Su característica principal es que el gobierno debe basarse en el convencimiento, en el extremo opuesto del gobierno jerárquico. Por eso los mecanismos internos de toma de decisiones deben basarse en la transparencia y la participación, para que los miembros del colectivo se sientan corresponsables. Los esfuerzos realizados para lograrlo quedan sobradamente compensados por la eficacia a la hora de poner en práctica los acuerdos adoptados, que con frecuencia requiere la colaboración, e incluso el voluntarismo de quienes deben aplicar.

Esta ley eufemísticamente denominada “para la mejora de la calidad educativa”, lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos. Instaurando un modelo de dirección y gestión acorde con los planteamientos que el PP quiere trasladar de la empresa privada al ámbito educativo. Tras los modelos de corrupción, debacle financiera y especulación que nos ha mostrado la empresa privada, no creo que sean precisamente el modelo a seguir y mucho menos en el ámbito educativo.

 









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