Parece que está de moda hablar de problemas de convivencia en los centros educativos. Habría que analizar el enfoque, escandaloso novelesco que le están dando los medios de comunicación y los efectos que produce, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Hoy haremos referencia a una noticia aparecida en El País del día 2 y el 3 de este mes de octubre. Se hablaba allí del caso de una profesora de un centro concertado que, pese a las amenazas de su jefe de estudios y del director (y a la vez empresario), de echarla de su trabajo, decidió denunciar y apoyar las declaraciones a la policía de que dos alumnos del centro estaban sufriendo maltrato en casa (con señales en el cuerpo) y había acudido a clase en algunas ocasiones habiendo ingerido cocaína. Parece ser que esta profesora ya había intentado que se tomaran cartas en el asunto. La dirección del Centro, ahora, ha cambiado (según aparece el día3), pero el hecho sigue siendo el mismo.
¡Qué diferencia entre la actitud de esta profesora y de la dirección-empresa del centro!. Qué distancia en la solución de problemas de convivencia entre quien los reconoce y trata de enfrentarlos y entre quien intenta negarlos, como si tapándolos dejaran de existir. Haciéndolos frente no se asegura que se resuelvan, pero ocultando su existencia seguro que no.
Es cierto que en los problemas de convivencia habría que diferenciar tipologías, porque el papel de los Centros no es el mismo. Por un lado, están aquellos problemas que se generan en el espacio escolar y sobre los que la dinámica y planes de convivencia, participación y estilos de comunicación son fundamentales. Por otro, aquellos que se generan desde afuera (familias desestructuradas, violencia doméstica, abandono, violencia en el barrio…) que el centro no provoca (o en él no se evidencian) pero que se ve afectado (y que en muchos casos da lugar a nuevos problemas de convivencia).
El caso que nos ocupa sería un ejemplo correspondiente a la segunda tipología. A pesar de todo, precisamente por ser parte afectada, el Centro está implicado en estos problemas de convivencia y ha de actuar sobre ellos. Por ejemplo, no es igual dejar a este alumno solo ante su problema, cuando está en el aula que diseñar intervenciones específicas como una especie de tutoría más individualizada.
Por supuesto, en estas situaciones de tipo social o externo, la actuación escolar no debería ir aislada, sino complementada por los servicios sociales del Ayuntamiento, incluso, a veces, los juzgados y otra serie de profesionales que existen alrededor de estas problemáticas. Claro que, actuar en coordinación no significa emitir informes de aquí para allá, sino abordar un problema social. En este sentido parece positivo, de partida, que en algunas Comunidades Autónomas como CyL se hayan organizado Comisiones provinciales de convivencia (con participación de Justicia, Educación, e incluso Policía y con una cierta, aunque pequeña, participación social). No obstante habría que preguntar qué pasaría en casos como éste, en los que quien ha de actuar de forma coordinada es el Centro y los Servicios sociales relacionados con la familia. ¿Se quedaría la cuestión en informar? ¿Podrían intervenir más allá de la mera labor policial y de forma preventiva si no se asume y declara el problema?. No parece recomendable que la política sea esconder (aunque haya quien lo encuentre rentable).
Por último y sólo como referencia añadida respecto al artículo del País. ¿No parece que el centro al que se refiere se trata de un centro público? ¿Por qué hasta el penúltimo renglón no aparece que el Centro es concertado? ¿Si se tratara de un centro público hubiera aparecido en el titular, como en otras ocasiones?
Breve de Concejo Educativo de CyL
