La actual LOE no es nuestra ley: presenta algunos avances frente a la LOCE, pero también vemos en ella una serie de peligros, que, sobre todo tras la tramitación parlamentaria, nos inquietan seriamente.
Cuando la LOE está en una de las últimas etapas en su tramitación como ley orgánica, nos parece importante hacer un balance desde Concejo Educativo de CyL, como Movimiento de Renovación que defiende la Escuela Pública y los valores que esta debe representar.
La actual LOE no es nuestra ley. Eso no es obstáculo para que apoyemos aspectos parciales que, en nuestra opinión, suponen un avance cualitativo respecto a la LOCE que impuso el PP, como por ejemplo: la mayor intención integradora y atención a las dificultades educativas, ciertas mejoras en las cotas de participación, “posible” ausencia de alternativa impuesta a una religión confesional, cierto grado de control sobre la distribución del alumnado con problema o sobre el cobro en los centros privados-concertados.
De la misma forma, vemos en ella una serie de peligros, que, sobre todo tras la tramitación parlamentaria, nos inquietan seriamente. Son cuestiones, incluso recogidas en el programa socialista, que no han salido adelante por el pacto al que se ha llegado con la patronal privada y partidos de derecha (excluido el PP). Nuestra preocupación tiene que ver con que en su desarrollo se termine manteniendo o afianzando el camino hacia dos redes con la pública cada vez más con un papel susidiario respecto a la privada, alejándose de la pretensión que se manifiesta respecto a la Escuela Pública como vertebradora del sistema educativo.
Nos parece muy grave (y algunos de sus apartados son impropios de una ley orgánica que después ha de ser aplicada en todo el Estado), que en la LOE, por ejemplo:
Se equiparen, como Servicio Público, las dos redes: la privada-concertada y la pública.
Se haga esto, además, sin que existan: condiciones iguales para su creación, ni exigencias equiparables de participación democrática.
Se permita la selección de alumnado en base a “idearios” en los centros privados-concertados.
Se relajen, hasta casi desaparecer, las condiciones que aseguren que un centro no rechace al alumnado que no desea.
Se prometa todo el dinero que se solicita para garantizar la gratuidad, sin asegurar que ésta vaya a existir, ni que ese dinero vaya a ir, efectivamente, destinado a todo tipo de alumnado.
Nos parece especialmente alarmante que estas condiciones las haya creado una administración inicialmente (según su mismo programa) partidaria de la democratización en la educación y la atención a la diversidad de forma compensadora.
Creemos que el simple hecho de haber incluido estos elementos supone, por un lado, un trato abusivo a favor de la privatización de la educación. Por otro lado, además, da pie a que pueda ser instrumentalizado aun más por las administraciones que, en el presente o el futuro, son partidarias de que la educación acabe siendo un negocio privado.
Como se ha dicho, apoyaremos de la ley, en su posterior desarrollo y en la práctica diaria, todos los aspectos que supongan un avance hacia un modelo de Escuela Pública y democrática. No obstante denunciaremos y nos opondremos a todas esas otras medidas que supongan un avance hacia el negocio privado en la educación, hacia la exclusión social y la restricción del derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas (algo que ahora parece haber “desaparecido” del texto).
Febrero 2006
