Ha sucedido fuera de CyL, en la Comunidad Autónoma vecina de Madrid.
Siete colegios se negaban a hacer las pruebas de Sexto de Primaria al alumnado (aquella que el curso pasado sirvió para hacer un ranking público de centros en base a respuestas supuestamente objetivas).
Parece que la Consejería de Educación de Madrid, no está dispuesta a que nadie le contradiga en algo que considera algo tan fundamental e indiscutible. Como consecuencia, ha puesto en marcha una dura inspección especial en dichos centros.
La dirección de uno de los centros (CEIP de Trebancos) decía acerca de la visita de la inspección y de los hechos, entre muchas cosas:
…las preguntas iban todas referidas a la actuación de la dirección sobre el tema de la prueba… La dirección del centro argumentó que fue una decisión de las familias que sus hij@s no hicieran la prueba ….se deja claro que el claustro se abstiene de cualquier comentario y/o valoración de dicha prueba… Queremos destacar el tono intimidatorio del procedimiento y la persecución de la que estamos siendo objeto a pesar de que -como nos dejaron claro- esto esté dentro de lo legal y de lo posible desde el punto de vista institucional…
La Federación de MRPs de esa Comunidad de Madrid ha hecho público un escrito de apoyo al centro(aunque no parece haberla recogido ningún medio),en el que, entre otras cosas,dice:
…en la práctica, al menos en la(inspección)realizada en el CEIP de TRABENCO, el primero de los inspeccionados excepcionalmente, ha sido un auténtico interrogatorio cuasi policial.
Éste se ha seguido con un procedimiento de intimidación que consideramos de dudosa legalidad y que pretende imputar a la Dirección la responsabilidad de que no se haya realizado la prueba, cuando realmente ha sido la contestación comprometida de la comunidad escolar y muy especialmente de las familias…
Parece que algunas familias en esa Comunidad de Madrid se rebelan contra su Consejería de Educación. ¿Es una simple negativa sin más intención, un cuestionamiento de este tipo de evaluación de centros o una respuesta al autoritarismo que rige la educación en esa Comunidad gobernada por el PP?
En CyL, de momento, sólo tenemos una prueba muestral y no censal y se rumorea que ya ha tenido problemas (aparición de la empresa privada a la que adjudicó antes de la concesión, imposibilidad de pasarla en algún centro privado concertado porque el alumnado no hacía caso, petición de datos personales de alumnado de forma poco confidencial, etc.).
Hablando del tema en particular, puede que algunos sean sólo rumores, pero visto a lo que están llegando las barbas del vecino ¿no debería cuidarse bien los modelos de evaluación de centros a utilizar y sus consecuencias? (en especial si se van a hacer todos los cursos). ¿Si se dice que están diseñadas para detectar problemas y ayudar a los centros, por qué acaban siendo usadas para hacer “listas” y segregar?.
Si pensamos en lo más general, teniendo en cuenta que estamos hablando de educación, ¿no se debería caminar hacia formas de resolver los conflictos de forma menos autoritarias, más negociadas?, ¡Bonito modelo trasmite la Consejería de la Comunidad de Madrid! ¿Es también el de CyL?
A propósito de… (Breve quincenal)
Concejo Educativo de CyL
