Comunicado de la Confederación estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica
Estas últimas semanas y meses hemos sido conocedores de las disposiciones y objeciones que se dan en algunas Comunidades autónomas referidas a la Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos. En algunos casos, se alienta el falso derecho de las familias a la objeción a la asignatura con el pretexto de que la educación para la ciudadanía corresponde al ámbito privado de la familia. Y, en otros, se da un trato vejatorio a la profesionalidad de los docentes, imponiéndoles la traducción a un idioma extranjero – por parte de un segundo profesor presente en la clase cuya única función es la de traductor -, ignorando de forma inaceptable la planificación metodológica y pedagógica de la materia que corresponde a cada equipo docente, en uso responsable de la autonomía curricular que le corresponde.
Los Movimientos de Renovación Pedagógica, con respecto a la Educación para la ciudadanía, siempre nos hemos manifestado a favor de un planteamiento de centro que vaya más allá de la consideración de ésta como una simple asignatura; en concreto, apostamos porque todo el centro (y sus espacios, todas sus horas y actividades, lectivas o no) sea un espacio común de vivencia de los valores cívicos. Pero la gravedad de los hechos citados, que atentan a la misma legitimidad de la asignatura, nos lleva a Manifestar:
nuestra más firme repulsa al carácter autoritario y ridículo de las medidas propuestas por la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana
nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras docentes que, negándose a participar en este montaje bochornoso, defienden su/nuestra dignidad profesional
nuestro apoyo a las movilizaciones y medidas que adopte la comunidad educativa valenciana que se opone a esta atropello
nuestro rechazo a la actitud del gobierno de la Comunidad autónoma de Madrid – impropia de quien tiene un mandato legal – de alentar las objeciones a la asignatura
Pedimos a los poderes públicos que actúen con los medios legales para frenar esta ilegal objeción a la asignatura que están llevando a cabo algunas familias. Y a los responsables públicos que alientan y amparan esta acción – por activa o por pasiva – que defiendan la legalidad estricta e inequívocamente.
No se puede cuestionar el derecho a educar para la ciudadanía; es un derecho de los ciudadanos y un deber de nuestra sociedad democrática. Y en ningún caso podemos admitir que ésta sea, en el fondo, una excusa para la confrontación ideológica o política que persigue unos fines que nada tienen que ver con la educación
Madrid, a 8 de octubre de 2008
Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica (en la que está integrado Concejo Educativo de Castilla y León)
