Este artículo es un resumen de la intervención del autor en la mesa redonda sobre éxito escolar a celebrar en Valladolid y organizada por Concejo Educativo de CyL.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha decidido eliminar de golpe 61 puestos de profesorado en la provincia de León. ¿Es ésta una de las medidas que propone dentro de los programas de éxito escolar y que está vendiendo en todos los medios de comunicación?
Es sorprendente esta medida cuando todos los informes de evaluación internacional, comenzando por el famoso PISA, que hace un estudio comparativo de los resultados escolares en 31 países de la OCDE, establece que uno de los criterios básicos de éxito escolar y de calidad es la distribución reducida de grupos de alumnado por profesorado. Es decir, que la masificación y la concentración es lo más contraproducente cuando se persigue una atención educativa de calidad al alumnado.
La Junta publicita como prioridad fomentar el bilingüismo en las aulas como objetivo prioritario de la actual legislatura y, sin embargo, obliga con estas supresiones a masificar la enseñanza en grupos cada vez mayores. ¿Es esta la calidad educativa que pretende la Consejería de Educación de la Junta? ¿En qué alumnado está pensando cuando potencia como prioritario el inglés y suprime la atención educativa personalizada y de calidad en grupos reducidos?
En las últimas ediciones del informe PISA, Finlandia ha venido ocupando sistemáticamente el primer lugar en los resultados comparativos con el resto de los 31 países del mundo industrializado. El alumnado de 15 años de Finlandia ocupa el primer lugar en comprensión lectora y estaban entre los cinco primeros puestos en matemáticas y cultura científica. Cuando Finlandia aparece en los informes PISA, a lo largo de los últimos 14 años, como la que obtiene mejores resultados educativos, hay que constatar que estos resultados son posibles porque este país invierte más en educación que España, agrupa mucho menos alumnado por clase, y el profesorado tiene una alta cualificación profesional. No se escatiman recursos como aquí. Cuando entras en sus aulas te encuentras grupos de 13 a 15 alumnos y alumnas, que están trabajando con dos e incluso, a veces, tres profesores y profesoras en grupos interactivos. Es justamente lo contrario que se hace en León y en Castilla y León: suprimir profesorado, repartir entre varios centros educativos la dedicación de algunos de ellos y ellas, concentrar al alumnado masivamente en las aulas, reducir recursos a la enseñanza pública y aumentar sistemáticamente la dotación presupuestaria a los centros concertados…
¿De qué sirve que la Consejería de Educación legisle normativas sobre programaspara la Mejora del Éxito Escolar y publicite continuamente estas medidas cuando reduce los recursos humanos que pueden llevarlos a cabo, cuando recorta los presupuestos dedicados a la educación pública?
Ahora están de moda las reformas “a coste 0”. Es decir, hacer publicidad sobre las grandes medidas que se toman para mejorar la educación, pero sin poner ni un euro para ello. No tenemos más que recordar el Plan Bolonia aplicado a las Universidades que se anunciaba su implantación a coste 0. ¿La Consejería de Educación de la Junta está diseñando su política educativa desde criterios educativos o desde planteamientos de “reducción económica” de gastos para los servicios públicos?
Por eso nos tenemos que preguntar: ¿dónde va el dinero de nuestros impuestos? Porque parece que la Junta de Castilla y León no tiene ningún empacho en destinar 350 millones de euros (casi 60.000 millones de las antiguas pesetas) en ayudas a las multinacionales de los automóviles y otros 180 millones más a fondo perdido, mientras que reduce 129 puestos de profesorado en los centros de educación pública de toda la Comunidad Autónoma. Parece que el “coste 0” siempre se aplica a los mismos. Miles de millones para “rescatar” a los bancos (que siguen presentando unos beneficios astronómicos en sus balances de cuentas y que nunca los han compartido con quienes llevan en crisis décadas) o a las grandes empresas, y “coste 0” para los servicios públicos.
Ya lo intentó la directora provincial de educación de León a comienzo de este curso escolar. A partir de una interpretación restrictiva de la legislación, exigió la reorganización de los centros educativos de la provincia de León. La orden era concentrar al alumnado, hasta ahora organizados en grupos de 20 a 25, en grupos de 30, en la Educación Secundaria, y de 35, en Bachillerato, que es lo máximo que marca la legislación. Y en los cursos que tienen optativas, exigió que hubiera un mínimo de 15 alumnos y alumnas para que se pudieran impartir (a pesar de que la legislación sólo marca máximos, nunca mínimos). Lo cual provocó numerosas huelgas y manifestaciones de alumnado, familias y profesorado consiguiendo que la directora provincial firmara un pacto en octubre donde quedaba plasmado el compromiso de la dirección provincial de León de respetar la autonomía organizativa de cada centro y permitir los desdobles y refuerzos. Difícilmente podrán llevarse a efecto si se reduce la plantilla orgánica en estos colegios e institutos.
Esta supresión de plantilla docente se basa en criterios numéricos y cuantitativos, sin contar con las especificidades de cada centro y mucho menos con las de una provincia como la de León, según evidencia el informe de la Consejería de Educación, donde hay una alta dispersión geográfica de León y más de cincuenta colegios rurales repartidos por toda la provincia. Esta medida incumple, como afirma el Diario de León, no sólo el segundo punto del acuerdo del 19 de mayo del 2006, firmado por la consejería y todos los sindicatos docentes, para mejorar la estabilidad de las plantillas, sino que además va en contra del pacto rubricado tras la huelga del profesorado. Estas medidas, que pretenden el ajuste al mínimo de las plantillas docentes, provocarán no sólo la masificación del alumnado, sino la desaparición de la posibilidad de muchos centros de ofrecer optativas, con lo que muchas familias se verán obligadas a llevar a sus hijos e hijas a Institutos de las grandes urbes o a elegir centros concertados.
La disminución del número de alumnos y alumnas por aula es un factor clave en la mejora de la calidad de la enseñanza, así como el aumento de personal docente en los centros educativos. Sólo así es posible organizar agrupamientos flexibles, desdoblamiento de grupos, trabajo en grupos cooperativos, docencia compartida, etc., medidas necesarias para que realmente pueda haber éxito escolar. Estas son las medidas que toda la comunidad educativa quiere, sólo hace falta que la Administración Educativa deje de pensar en cómo recortar fondos para la educación pública y empiece realmente a aplicar criterios de calidad educativa en sus propuestas. En nuestras manos, en nuestra reivindicación y en la movilización pública con el apoyo de los sindicatos, está la posibilidad de que la Junta de Castilla y León aumente, en vez de suprimir progresivamente, el número de profesorado que necesitan nuestros hijos e hijas para tener éxito en la escuela y en la sociedad.
