Loles Dolz y Enrique Díez1
El Ministerio de Educación presentó, a finales de febrero, un documento con 137 propuestas que pretenden centrar el debate para lograr un Pacto político y social por la Educación. La mayor parte de las medidas planteadas en este documento no hacen sino ceder ante las exigencias del sector conservador, retrocediendo incluso respecto a la legislación educativa vigente, que ya fue pactada en cuestiones claves con el centro-derecha parlamentario. Y todo por el deseo desesperado de presentar siquiera un pequeño triunfo mediático ante la opinión pública, cansada ya ante los continuos fiascos de inalcanzables pactos para salir de la crisis.
En estas circunstancias y con esas condiciones previas, el proceso para alcanzar un Pacto Educativo, a gusto del PP, está más abocado a hacer aún mayores concesiones a la derecha político-social, y a los propietarios de centros concertados (especialmente a la Iglesia Católica), que a mejorar y potenciar el sistema educativo público de nuestro país. A pesar de incorporar al proceso a partidos políticos, organizaciones del ámbito educativo, agentes sociales y Comunidades Autónomas, todo parece indicar que para el MEC sólo habrá Pacto educativo si el PP lo suscribe.
Pactar cómo y con quién: la contrarreforma del PP
Se está consolidando así una alianza neoliberal en la que convergen sectores que defienden soluciones mercantilistas para los problemas educativos, con intelectuales neocon que abogan por el retorno’ a mayores niveles de exigencia y a una supuesta cultura común’ (“Inglese, Internet, Impresa”, en palabras de Berlusconi), junto a los fundamentalistas religiosos y autoritarios de siempre que se sienten amenazados por el laicismo creciente e intentan preservar a toda costa sus privilegios, y sectores concretos de la nueva clase media profesional que profesan la ideología y las técnicas de la calidad, la medición y la gestión’. Aunque en esta alianza existen tensiones y conflictos, su objetivo común es crear las condiciones educativas que consideran necesarias para aumentar la competitividad, la disciplina y el espíritu empresarial, reclamando a su vez la vuelta al pasado con una imagen mistificada de la escuela, la familia y la nación.
El pacto que quiere el PP es una vuelta al modelo educativo de la dictadura franquista. Una educación basada en la continua superación de pruebas y exámenes, como si de una carrera de obstáculos se tratara; una educación regida en su mayor parte por grupos económicos y religiosos que recuperen la vieja disciplina y seleccionen a una élite reducida para el acceso a una educación superior, supeditada a los intereses del mercado. Exigen garantizar la “libre elección de centro” a base de ampliar todavía más los conciertos, que pasarían a ser un “derecho” de los centros privados; garantizar también la “lengua y cultura comunes” en todo el Estado, dando por supuesto que está amenazada por no se dice quién; separar al alumnado de ESO cuanto antes para que sólo los “excelentes” vayan a bachillerato; establecer pruebas de nivel (reválidas encubiertas) al finalizar Primaria y Secundaria “a efectos de comparación”, con el fin de clasificar centros y alumnado, como si de una liga futbolística se tratase; establecer por decreto (nunca mejor dicho) la autoridad pública de los docentes…
Toda una contrarreforma del sistema educativo vigente para reinstaurar aspectos centrales del programa del PP y de su denostada Ley de Calidad (LOCE); en este caso mediante un pacto con el partido gobernante y con quienes estén dispuestos a tragar lo que sea con tal de proclamar ¡habemus pacto!, aunque vaya en contra de la escuela pública que supuestamente defienden.
Por qué pactar: la creación del consenso
En todas partes parece que ha surgido de repente la imperiosa necesidad de un pacto educativo. Pero esta necesidad es fruto de la creación político-mediática de un consenso inducido que ha conseguido que en todos los foros de opinión se cuele el debate acerca de la necesidad de un pacto como solución a todos los males que aquejan al sistema educativo. Como dice el colectivo Baltasar Gracián “se entiende que, por parte del gobierno, exista un claro interés en tomar iniciativas que alejen la sospecha de pasividad ante los problemas acumulados y, de paso, intente socializar’ la responsabilidad para salir del atolladero. Para la oposición de derechas, la ocasión la pintan calva para insistir en la nefasta gestión del gobierno en cada uno de los temas abiertos y exigir, de cara a cualquier posible pacto, medidas que lo acerquen a su terreno, sin hurtarle al actual ejecutivo el consiguiente desgaste político. Pero, por encima de las maniobras de corto alcance, todos ellos saben que sin el apoyo de las organizaciones sociales les será muy difícil endosar las medidas anunciadas. De ahí la unanimidad en tocar a rebato, en generar una sensación de urgencia que una a tirios y troyanos bajo la invocación patriótica de la necesidad de que todos’ arrimemos el hombro”.
Esta ola de veneración por los pactos, sea en el campo que sea, pacto económico, laboral, de pensiones o educativo, vienen acompañados de una ola de contrarreformas que suponen un grave retroceso en los derechos y conquistas sociales, condiciones de vida y trabajo (empleo, salarios, pensiones, servicios públicos, etc.), aprovechando la coyuntura de la crisis para cargar el hombro de la clase trabajadora.
El pacto educativo es especialmente atractivo debido a su escaso coste económico, que se diluye en el reiterado compromiso de avanzar en la financiación hacia el horizonte europeo, y a sus efectos a largo plazo que siempre son menos comprometidos que en otros pactos.
El problema del pacto en educación es que, desde la redacción de la Constitución y en las diversas leyes orgánicas educativas, las claves de las tensiones han girado en torno a unos pocos núcleos: lo público, la financiación, la presencia de la iglesia y del concordato, la comprensividad y la cohesión social del sistema. Y en estos temas la derecha conservadora no está dispuesta a ceder ni un milímetro. En el último borrador de debate, presentado por el Ministerio de Educación, así se ve claramente, puesto que la propuesta no es más que una cesión a las pretensiones de los sectores más conservadores del espectro político estatal, como venimos recalcando.
Pactar para qué: valoración de la propuesta ministerial
En la propuesta ministerial brilla por su ausencia toda referencia a la educación pública como primera obligación de las administraciones educativas. Se renuncia a hacer del servicio público de educación, de titularidad y gestión pública, el centro del sistema educativo; reforzando el modelo privado concertado existente, al tratarlo como parte del denominado “Servicio Público de Educación”. Se equipara así la escuela privada concertada, mayoritariamente confesional y selectiva, con la de titularidad pública, lo que significa un retroceso en la defensa del modelo público como “eje vertebrador del sistema educativo español”, que debería ser un objetivo irrenunciable para un gran acuerdo en materia de educación, como se reclama en el último informe del Consejo Escolar del Estado.
Se perpetúa el sistema de conciertos, renunciando a toda supeditación de lo privado a la planificación pública y propiciando lo contrario, como en el caso del primer ciclo de Educación Infantil, donde el texto ministerial ni siquiera se compromete a “promover el incremento progresivo de plazas públicas”, como establece la LOE (art. 15.1). Se abre también la puerta a las empresas en la Formación Profesional, a través de la Ley de Economía Sostenible, y en la Universidad. En este caso se adorna con el discurso de la necesidad de conexión con la sociedad y se propicia la utilización de unos medios públicos en la investigación que pagarán y por lo tanto determinarán las grandes empresas.
Se ha claudicado también en la comprensividad de la educación obligatoria, recuperando viejos itinerarios segregadores (pre-Bachillerato versus pre-FP), por los que derivar alumnado ya desde 2º o 3º de ESO.
En resumen, el pacto será posible si recoge las aspiraciones de la derecha política y social en cuanto a abrir más puertas a la privatización de lo público. Más conciertos, más subvenciones y utilización del espacio público para fines privados. Los temas del compromiso de financiación del sistema en relación a la media europea del gasto educativo, la autonomía de los centros y el desbloqueo del estatuto docente se redactan en términos deliberadamente ambiguos que luego permitirán un elenco de interpretaciones.
Aquello de la escuela pública al servicio de la equidad y la compensación de desigualdades, de la atención a la diversidad, de la participación democrática como principio básico, de la transversalidad, de la comprensividad…, se han convertido en estandartes que pueden guardarse para mejores momentos. La aspiración a una educación pública de calidad en condiciones de igualdad queda relegada al baúl de los recuerdos en este pacto educativo.
Reorientar el pacto por la educación pública
IU manifiesta su clara voluntad de contribuir al logro de un gran acuerdo en materia educativa, siempre y cuando dicho pacto recoja el siguiente decálogo de principios irrenunciables, que se concretan en 100 propuestas para una educación pública, laica, democrática y de calidad para todas y todos con el fin de mejorar la enseñanza pública y el sistema educativo, mejorar la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación, así como el fomento de la autonomía de los centros educativos y la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar.
1.El SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN debe ser el eje vertebrador y fundamental del sistema educativo, estableciendo mecanismos efectivos para que las distintas administraciones educativas extiendan y potencien la educación pública, mediante una red planificada de centros docentes de titularidad y gestión pública, con suficientes plazas escolares para el conjunto de la población. La escuela pública es la de todos y para todos, la que más y mejor asegura la igualdad de derechos y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social. Hay que impedir las cesiones de suelo municipal para la creación de centros privados concertados (“el suelo público sólo para centros públicos”); garantizar su carácter subsidiario y el control e inspección sistemática para que cumplan estrictamente la normativa, suprimiendo aquellos que incurran en prácticas de selección o discriminación. Proponemos la reducción progresiva de los conciertos educativos, con la posibilidad de integración voluntaria y negociada de los centros concertados en la red pública.
2.CALIDAD CON EQUIDAD PARA EVITAR EL FRACASO Y EL ABANDONO ESCOLAR. Defendemos una Escuela Pública de Calidad cuyo objetivo primero y principal sea garantizar el derecho de todos y todas a aprender con éxito y obtener la titulación correspondiente, sea cual sea su procedencia social o cultural, y sea cual sea también el ámbito territorial donde se esté escolarizado. No se trata tanto de mejorar el sistema educativo para lograr mayores cotas de “excelencia” para algunos, como de poner en práctica políticas y actuaciones concretas, sobre todo de compensación de desigualdades educativas, para evitar el fracaso escolar de muchos. Eso pasa por una red de centros que cubra toda la demanda de plazas públicas de 0 a 3 años en Escuelas Infantiles (¡no en guarderías!), con los requisitos necesarios para que toda la Educación Infantil sea plenamente educativa, al tratarse de una etapa crucial para el desarrollo personal y factor decisivo para el éxito escolar, sobre todo para aquellos niños y niñas con mayores necesidades sociales o personales. La calidad pasa también por reducir el número de estudiantes por grupo y por profesor, potenciar la atención tutorial y dotar de servicios de orientación a todos los centros públicos de Primaria y Secundaria. Por incorporar nuevos perfiles profesionales en la escuela: educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc. Por establecer un sistema integral de becas y ayudas al estudio que permitan compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables de la familia, así como la gratuidad de los libros y materiales didácticos y de los comedores escolares. Por relegar la repetición de curso sólo a situaciones excepcionales de carácter madurativo; así como por establecer comisiones de escolarización permanentes y centralizadas, por distrito escolar, para evitar la selección del alumnado por los centros.
3.EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE MEJORA. Que sirva de autoevaluación para la mejora de toda la comunidad educativa de los centros, con apoyo técnico de la Administración; que les permita analizar sus puntos fuertes y sus dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no tanto como “medida de resultados” del alumnado para establecer rankings o clasificaciones de centros.
4.ESCUELA PÚBLICA INCLUSIVA E INTERCULTURAL. Una escuela de y para todos y todas, que utiliza su metodología y organización para que las respuestas a las necesidades del alumnado con más dificultades beneficien a los demás; que busca así promover la excelencia de todo el alumnado y reconstruye el curriculum tradicional para que sea relevante para todos y todas, más representativo de otras ópticas no contempladas habitualmente, integrando visiones, culturas y subculturas olvidadas, silenciadas u ocultadas, con una perspectiva de género.
5.ESCUELA PÚBLICA LAICA. Para que el adoctrinamiento religioso de las enseñanzas confesionales quede fuera del currículo y del horario lectivo. Las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y, por tanto, deben estar al margen del currículo escolar. También los símbolos religiosos han de salir de los espacios escolares, tal como ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al declarar incompatible su presencia en las escuelas con la libertad de creencias Sólo así se respetará la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión del alumnado, de sus familias, del profesorado y de todo el personal de los centros. Es imprescindible derogar ya el Acuerdo correspondiente suscrito con el Vaticano y retirar la financiación publica a los centros que discriminen por razón de sexo o cualquier otra circunstancia.
6.FORMACIÓN PROFESIONAL PÚBLICA: Oferta ampliada y con un tratamiento equitativo de todas las familias profesionales en función de su rentabilidad social y no sólo de la rentabilidad inmediata de las empresas; incremento considerable de centros de FP integrados públicos; control público de otras actividades formativas de FP; formación y orientación laboral que impulse una cultura sindical solidaria y participativa.
7.APOYO Y MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO: Acordar un Estatuto de la función pública educativa que mejore las condiciones laborales, recoja como dedicación lectiva las tareas y funciones que hoy demanda el sistema educativo, no sobrepasando las 15 horas de docencia semanales, configurando claustros estables y estableciendo el cuerpo único del profesorado. Diseñar una formación inicial que combine teoría con práctica tutorizada por profesorado cualificado en centros educativos durante todo el proceso, y formación permanente en horario laboral que fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de estrategias de diálogo para convencer y de negociación para resolver conflictos.
8.ESCUELA PÚBLICA DEMOCRÁTICA. Para fomentar y aplicar la democracia real en la vida del centro, y no el modelo de gestión empresarial, como instrumento para impulsar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la toma de decisiones consensuada; que recupera el derecho a la elección por los consejos escolares de los equipos directivos; donde las asambleas de reflexión, deliberación y acuerdos son práctica habitual y se aprende a definir prioridades, plantear proyectos y decidir la distribución de los recursos públicos mediante presupuestos participativos.
9.UNIVERSIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. Paralizar y debatir realmente con toda la comunidad universitaria la aplicación del proceso de Bolonia y la “Estrategia Universidad 2015”, para construir una universidad pública al servicio de la sociedad y no a los intereses del mercado; donde la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público, no un negocio privado; con una gestión democrática y participativa, sin pruebas de acceso selectivas y con una financiación pública suficiente para garantizar un sistema de becas-salario y ayudas al estudio, tanto en los grados como en los máster.
10.LEY DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, que garantice, en un plazo temporal limitado, la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, mediante una financiación sostenida y equitativa, asegurando que en los próximos seis años se alcanzará el 7% del PIB en gasto público educativo y que se creará un Fondo Estatal de Compensación Educativa Interterritorial para financiar actuaciones orientadas a eliminar desigualdades en el ejercicio del derecho a la educación. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
