Comunicado de Concejo Educativo de Castilla y León ante la perspectiva que se abre.

Estamos asistiendo a un momento crucial para el futuro de la educación en general y pública en particular.

Por un lado hemos ido viendo cómo se tomaban medidas contra ella que se podían tildar de escandalosas, por parte de algunas CCAA de signo conservador, especialmente del PP. Por otro, el profesorado, indignado, ha plantado cara a dichas medidas, aguantando el pulso, hasta este momento.
En los próximos años se juega lo que será la educación en España. Va a depender de las medidas que el nuevo gobierno del PP tome y de la repuesta que encuentre, si aquellas van contra la salud de la educación de todos y todas.

Para poder actuar es necesario hacer un análisis tranquilo de cuales son las líneas que se van a seguir para encajar las medias que se tomen y ofrecer alternativas o dar una repuesta en caso necesario. Requiere la cuestión que se priorice lo fundamental para el sistema, frente a medidas más anecdóticas, aunque éstas sigan siendo sangrientas.

En una primera aproximación y a la vista de lo que hasta ahora se ha puesto en marcha desde las CCAA del PP, se podrían fijar tres ámbitos:

1.- Privatización de la educación, su consideración como artículo de un mercado privilegiado y orientado, de forma mayoritaria, a empresas/entidades ligadas, de una u otra forma, a la Iglesia Católica. Esta privatización que se puede desdoblar en tres direcciones:

Cesión de recursos públicos, como la entrega de terrenos en la Comunidad de Madrid, para centros privados – concertados o el aumento de los presupuestos, en más de una Comunidad Autónoma, dedicados a dicha concertación y el no recorte de dinero como se hace en la pública.

Potenciación de la enseñanza privada no concertada con dinero público. Parece tratarse de auparla hasta lo que puede ser una tercera red de centros, equiparable a las otras. Se trata de sostener esa red también con fondos públicos, a través del dinero dedicado a desgravar por gasto en este tipo de centro, llevado a cabo por la CA de Madrid. Es otra versión de lo que quiso poner en marcha el mismo PP, hace tiempo, del cheque escolar y que, finalmente pudo implantar de forma parcial.

Privatización e imposición de servicios en centros públicos. Como ejemplo sirve la formación a nivel de master “personas especialistas en apoyo escolar” realizado por la fundación Empieza por Educar. Esta es la sucursal en España de la secta ultraliberal Teach for America y está ligada a la familia Botín. El personal “experto” que resulta de ese master y con contrato dependiente (o en prácticas) de una empresa privada, ha sido impuesto a los centros de Madrid que estaban impartiendo el programa PROA (programa de apoyo, refuerzo y recuperación que se pone en marcha mediante convenio Ministerio-CA) y ha empezado a actuar en algunos centros de otras CCAA.

2.- “Elitización de la enseñanza”, con la consecuente mayor segregación y potenciación de las desigualdades, mediante, por ejemplo:

El inicio de la supresión de recursos dedicados a alumnado con dificultades, como la suspensión simultánea de 32 cursos de diversificación de 3º ESO en la CA de Castilla y León (la mayoría en medio rural) o la reducción de plantillas en Madrid, Castilla la Mancha, Navarra o Galicia, utilizando el aumento en el número de horas del profesorado como excusa.

El inicio de la supresión de tiempos dedicados a la educación más general del alumnado, como la suspensión de la hora de tutoría en la ESO en la CA de Madrid.

La creación y desvío de fondos a etapas segregadas y no obligatorias, como la creación del bachillerato de excelencia de Madrid o la promesa de creación de bachillerato de tres años sin aumento de la edad de finalización de la enseñanza, recogida en las propuestas del PP a nivel estatal (lo que necesariamente supone usurpar un curso a la educación obligatoria y general, con las consecuencias que tendría también en cursos anteriores).

3.- Falta o represión de participación democrática, mediante, por ejemplo, los requerimientos realizados en la CA de Madrid, a los equipos directivos para que señalen a quienes han votado en contra de los planes anuales, cuando el claustro los ha rechazado, por los recortes que se habían incluido.

No parece que deba “inspirar confianza” ni que vayan a ser “integradoras” las líneas educativas a seguir por el PP en materia educativa, en esta nueva legislatura. Desde Concejo Educativo de CyL llamamos a que, desde las administraciones, no se siga por ese camino.

Igualmente instamos a las organizaciones defensoras de una educación pública y democrática, así como a cualquier otro círculo de opinión, a que se haga un seguimiento de la política general del PP, que ya ha comenzado a poner en práctica a través de las CCAA. Las medidas de segregación, privatización y falta de participación que existan, deben ser denunciadas públicamente, en todo momento y encontrarse con la oposición de quien está en contra. Esa, quizá, sea la única forma, en este momento, de defender una educación de todos y todas, universal, democrática y no segregadora.