Más de 150 organizaciones sindicales, profesionales y sociales que forman parte de la Cumbre Social, entre las que figura la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica (CMRPs) a la que pertenece Concejo Educativo de CyL, han convocado esta marcha en Madrid, contra los recortes sociales y laborales aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy y en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar, que suponen una agresión sin precedentes a los derechos fundamentales y a la propia democracia.

Está acción está apoyada igualmente por algunas plataformas y movimientos de Escuela Pública.

Incluimos en el artículo la propuesta de declaración llevada a cabo en el segundo encuentro de la Cumbre Social, en la que se convoca dicha concentración, aunque aun sea provisional.

Propuesta de declaración del segundo encuentro de la cumbre social

Madrid, 10 de septiembre de 2012.

El pasado 25 de julio más de 150 organizaciones de la sociedad civil nos reunimos en lo que denominamos cumbre social para reflexionar sobre la situación por la que está atravesando nuestro país, la naturaleza y las consecuencias económicas y sociales de las políticas que se están llevando acabo por el Gobierno de la nación en connivencia con la Unión Europea, y para mancomunar la respuesta social con el objetivo de promover un cambio sustancial de las mismas.

Vimos entonces cómo las políticas que se están implementando desde mayo de 2010 y que se han intensificado desde la llegada del PP al Gobierno están suponiendo una fractura social sin precedentes: se sigue destruyendo empleo, se siguen deteriorando los derechos laborales y sociales, se intensifica la devaluación de nuestro modesto estado de bienestar y aparecen síntomas preocupantes de autoritarismo político que amenazan la calidad de nuestro sistema democrático. No existe ningún colectivo ni ámbito de la actividad social y cultural que se libre de las consecuencias de estas políticas salvo los poderes económicos y las élites que los representan. Todo ello sin que en estos dos años largos de políticas neoliberales a ultranza aparezca el más mínimo indicio de superación de la crisis, al contrario, se profundiza la recesión económica.

El mundo del trabajo, los empleados y empleadas públicos, los autónomos, el pequeño comercio; el mundo de la cultura y la ciencia; los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes; la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; el medio ambiente y las posibilidades de un modelo de crecimiento económico sostenible, los derechos de los consumidores, la actividad de las organizaciones que atienden a los desfavorecidos y que practican la cooperación,… TODO y TODOS estamos sufriendo las consecuencias de unas políticas que nos llevan a un cambio de modelo social y nos arrastran hacia una sociedad más injusta, menos igualitaria y más autoritaria.

Desde el 25 de julio hemos sufrido centenares de incendios repartidos por toda nuestra geografía que podrían haberse evitado o, al menos, haber sido menos devastadores si no se hubiesen recortado los recursos dedicados a ello; se ha prolongado la ayuda a los parados que no perciben ninguna prestación, pero reduciendo muy significativamente el número de beneficiarios de la misma cebándose muy especialmente en los jóvenes; se ha intensificado la persecución de aquellas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas de ilegalización de FACUA, ha continuado el cerco del Gobierno central hacia las corporaciones locales, particularmente las menores y hacia las CCAA y ha aumentado exponencialmente el riesgo de rescate de la economía española.

Las organizaciones reunidas en esta segunda Cumbre Social ratificamos el compromiso adquirido en la anterior de conseguir el próximo 15 de septiembre una gran concentración en Madrid, que exprese el profundo rechazo que nos merecen estas políticas; que plantee con nitidez que existen alternativas a las políticas europeas y nacionales, empezando por una política fiscal más justa y progresiva y que cuestione la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo unas medidas que no formaron parte de su programa electoral.
Ninguna de las medidas que desde enero se vienen aplicando se sometió a la consideración de la ciudadanía en las pasadas elecciones del 20 de noviembre. Cada una de ellas de manera aislada ya supone un ejercicio de ocultación suficientemente grave, pero todas juntas, como programa de acción gubernamental, suponen un auténtico fraude democrático.

La posibilidad de un rescate (ni blando ni suave) supondrá nuevas condiciones y por tanto nuevos recortes, que amenazan con desbaratar lo poco que se mantiene en pie, prestaciones por desempleo, pensiones…Esa es una decisión de tal trascendencia que no puede tomarla el Gobierno por sí sólo. Si antes teníamos suficientes motivos para exigir un Referéndum ahora más.

La Constitución Española contempla en su artículo 92.1 la posibilidad de que ante decisiones de especial relevancia se recurra a la consulta popular, eso es lo que da sentido y fortalece nuestra democracia, lo que en momentos tan críticos es justo que demandemos. En todo caso la ciudadanía debe tener la posibilidad de expresarse. Ese también es nuestro compromiso.