Las nuevas medidas que el gobierno del PP ha decretado contra las Universidades Públicas suponen el aumento de las tasas académicas para el alumnado entre 500 y 5.000 euros según las situaciones, el incremento de cuatro horas lectivas para el profesorado universitario en activo y la congelación de la Oferta de Empleo sin posibilidad de realizar ninguna convocatoria de plazas en las Universidades.

Este nuevo decretazo, realizado sin ninguna consulta ni contacto previo con las Universidades ni con sus legítimos representantes, no solo ahonda en los recortes que viene haciendo el PP desde que gobierna, añadidos a los sufridos en años anteriores durante el gobierno del PSOE, sino que modifica la estructura del sistema universitario, pues introduce cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad pública que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a cualquier ciudadano o ciudadana, sustituyéndolo por un “modelo elitista” que admite una pérdida sustancial de derechos y que miles de profesores e investigadores universitarios se vean abocados al desempleo.

El incremento general de las tasas matrículas implica un retroceso y un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía a la Educación Superior, previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades.

Esta subida de tasas universitarias, que comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, conllevará hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevará las penalizaciones a los repetidores, que podrían llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros. Se aplica el 100% en las enseñanzas de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes. Si le sumamos el reciente recorte de 166 millones de euros el programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales del Estado 2012, en un futuro cercano la educación superior habrá perdido su condición pública y de calidad.

Esto significa que las matrículas pasarán a costar, como mínimo, un 66% más que lo que venían costando hasta el momento. A nadie se le escapa, que con el aumento tan desmesurado de los precios públicos, acabarán cerrándose muchos títulos, sobretodo de Masters, porque con la situación económica del país y los bajos salarios, muchas familias no se lo podrán permitir.

En Europa el grupo de países con mejores resultados académicos son los que tienen tasas muy bajas, casi de gratuidad total y que además proporcionan recursos muy importantes para becar a sus estudiantes universitarios: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca… etc., mientras que otro grupo de países con tasas caras disponen simultáneamente de ayudas importantes en becas y préstamos públicos para los estudiantes. Incluso el tercer conjunto de países, en el que estábamos incluidos hasta la llegada del PP, proporcionan pocos recursos a las ayudas al estudio pero mantienen los precios bajos en las tasas de matrícula (Italia, España hasta la llegada del PP…).

De esta forma, la subida de tasas sumada al recorte de becas suponen una barrera en la Universidad pública para los estudiantes con renta más baja, tendiendo a una educación no universal, sólo permitida a aquellos que tengan rentas suficientes para poder pagársela, lo cual expulsará a miles de personas del sistema universitario.

Respecto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, el gobierno ha decidido aumentar las horas lectivas en un 50% a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos. No es entendible que sea el sexenio, que mide fundamentalmente la publicación en revistas internacionales anglosajonas durante seis años, el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades (gestión, proyectos, transferencia del conocimiento) asociadas a la investigación.

El profesorado, ve así cómo se le reduce las condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. Porque se varía la dedicación de la actividad docente del Profesorado en función de la actividad investigadora reconocida, siendo con carácter general de 24 créditos ECTS y de 16 créditos para quienes lleven en el puesto al menos más de 18 años con evaluación de su investigación positiva de forma consecutiva, lo que representa un porcentaje mínimo de la plantilla, con una edad no inferior a los 55 años.

Pero para quienes no tienen el primer período de 6 años de actividad investigadora reconocida la docencia será de 32 créditos ECTS. Es decir, para la gran mayoría del profesorado universitario que combina la investigación con la docencia y la atención individualizada a sus alumnos y alumnas y que dedica parte de su actividad a tareas de gestión en las titulaciones, en los departamentos o en los centros.

Lo cual supone que quienes no tienen un sexenio de investigación reconocido se les obliga a abandonar la posibilidad de investigación, porque al incrementarles las horas de clase se les reducen las horas para poder iniciar o reengancharse a la actividad investigadora. Por eso, parece que el verdadero objetivo de esta medida es un aumento de las horas de docencia de la mayor parte del profesorado, lo cual supondrá que no se van a abrir nuevas plazas, por lo que los nuevos docentes/investigadores, que son fundamentales para la regeneración del sistema, van a quedar excluidos.

Este enfoque no sólo constituye un golpe demoledor al sistema investigador universitario, sino que convierte la docencia en una categoría “secundaria”, ya que, de alguna manera, la docencia se convierte en el “castigo” que se impone a “los que no investigan”. Es más, aquellos que no quieran ser penalizados a largo plazo, tendrán que ingeniárselas para asegurarse el sexenio a pesar de tener más horas de docencia.

El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma universitaria, en el que ellos denominan “kilómetro 0” de los recortes, como así lo manifiestan en el artículo 68.3 de este Decreto, donde se nos anuncia que esto solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar.

En conclusión, las medidas de recorte en las universidades españolas, al simultanear la reducción de 166 millones en el presupuesto destinado a las becas y el incremento del 25%-200% en las tasas, sumadas al Real Decreto Ley 20/2011 del 30 de diciembre con medidas que afectan directamente a las universidades y al recorte brutal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Educación, implican el desmantelamiento progresivo de la Universidad Pública y una profundización en proceso de privatización y mercantilización de la Universidad española.