Incluido en “LOMCE y recortes – Análisis” – Ver otros artículos
El Ministro Wert ha presentado el Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa cuyos ejes básicos giran en torno a seis principios fundamentales.
El primero, reducir el número de asignaturas y centrar la carga lectiva en unos contenidos mínimos y básicos, que es lo que se viene llamando en la terminología neoconservadora “volver a lo básico”. Dedicar así la educación obligatoria a preparar mano de obra barata, flexible y polivalente, dotada con los conocimientos instrumentales básicos para acceder a un futuro mercado laboral precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema de las tres “ies”: “Inglese, Internet, Impresa” (traducido aquí, este último por “espíritu emprendedor”).
En este retorno a lo de siempre, elimina Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en primaria y en la ESO la sustituye por Educación Cívica y Constitucional. Suprime todo lo relacionado con el reconocimiento de la diversidad en los modelos familiares y en la orientación sexual, con la cultura de la paz y el diálogo como vía de resolución de conflictos, con la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando la reflexión sobre las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad, y ocultando cualquier alusión a los conflictos sociales y las desigualdades que se dan en nuestra sociedad. Y tampoco tendrá cabida en la nueva asignatura el rechazo a cualquier forma de discriminación, no sólo la homofóbica, sino toda forma de racismo o xenofobia. A cambio, incluirá temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor, la defensa de la propiedad intelectual o el respeto a la vida ligado a los postulados de la iglesia católica.
El segundo principio que se desprende de este Anteproyecto es la filosofía y la práctica de segregar, seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado mediante “itinerarios”. Los programas de cualificación profesional (PCPI), una vía para aquel alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y que sólo se tiende a utilizar en último extremo para dar una oportunidad de titulación con una orientación hacia el mundo laboral a los 16 años, se adelantan a partir de 2º de la ESO, es decir, con menos de 15 años. Lo cual debería hacerse, en todo caso, después de haber agotado todas las medidas de atención a la diversidad a lo largo de la escolaridad obligatoria.
Además se empuja a estos programas al alumnado que tenga “situación socioeconómica desfavorable”. Wert equipara así pobreza y poca capacidad para el estudio y pone al mismo nivel ambas realidades, la de tener muchas dificultades en los estudios y menor capacidad para seguir las clases, con vivir en una familia con ingresos económicos bajos. Lo cual refleja la visión que el equipo ministerial de Wert tiene.
No queda ahí la cosa. Se adelanta también la vía hacia la FP a 3º de la ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén “bien diferenciados”. Como vemos es una restauración de la LOCE de la época de Aznar: separar y segregar cuanto antes. Itinerarios que no conducen a reducir el abandono y el fracaso escolar, como pretende hacernos creer, sino a eliminar progresivamente la comprensividad y la igualdad de oportunidades durante la etapa obligatoria en educación, derivando cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría.
El tercer eje sobre el que pivota esta reforma propuesta por Wert es convertir la educación en una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del esfuerzo” y “carrera meritocrática”. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu tardofranquista de la “letra con sangre entra”. El problema añadido es que se acaba estudiando lo que se evalúa y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes en todas las etapas educativas, como ya pasa en 2º de bachillerato de cara a la selectividad.
El cuarto elemento de esta nueva reforma educativa busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados. Con el fin de que los “clientes” puedan comparar y elegir aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. En este mercado competitivo las escuelas se hacen más selectivas, rechazando al alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer descender sus resultados y su posición en la clasificación del ranking de resultados de estas evaluaciones.
Puesto que este eje está profundamente relacionado con el quinto elemento de la reforma propuesta, el pago por resultados’. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que obtienen en esas evaluaciones. En definitiva, condicionar la financiación pública a los resultados obtenidos, mediante los contratos-programa u otras fórmulas similares.
Finalmente, se complementan la resurrección de estas viejas recetas tardofranquistas con el sexto eje, la denominada “Nueva Gestión”. Es decir, gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y especializada a la clientela; así como la “profesionalización” de la dirección, como gerentes o directivos profesionales especializados en gestión empresarial y de recursos humanos de forma “eficiente” y con rentabilidad económica.
Está claro que con esta enésima nueva ‘Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación’, el PP quiere volver a la antigua ley de educación de la época de Aznar, profundizando aún más en este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación pública.
