Una educación inclusiva necesita políticas inclusivas
Aunque este artículo podía haberse publicado el día internacional del inmigrante (18 de diciembre), este tipo de análisis y denuncia, es bueno hacerlos cualquier día del año. Una educación realmente inclusiva lo necesita.
En el 2000 la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. En ese día, en 1990, la Asamblea había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El mensaje del Secretario General, en ese día, pedía «a las partes en la Convención que redoblen sus esfuerzos por ayudar a hacer efectivos los derechos garantizados en ella. La situación irregular de muchos migrantes internacionales no debe privarlos de su humanidad ni de sus derechos».
Once años después parece que un “fantasma” está recorriendo Europa: el resurgimiento del racismo institucional, plasmado en políticas de gobiernos conservadores como el de Berlusconi en Italia o el de Sarkozy en Francia, y que se extiende lenta y sostenidamente por toda la geografía europea. El primer ministro británico, David Cameron, siguiendo los pasos de Angela Merkel en Alemania, declaró fracasado el multiculturalismo en el Reino Unido. Para el primer ministro se trata de dejar atrás la “tolerancia pasiva” para adoptar un “liberalismo muscular activo”. La vaguedad de la fórmula muestra que el discurso de Cameron, como el de otros dirigentes europeos, busca ocupar el espacio político al que aspira la ultraderecha.
Consecuencia de ese racismo institucional es el racismo social que se va asentando progresivamente en la población. La investigación internacional Transatlantic Trends: Inmigration 2010, un macroestudio de la Fundación estadounidense German Marshall y que en España coordina la Fundación BBVA, revela que para la mitad de la ciudadanía “hay demasiados inmigrantes en el país”, en parte, afirma, porque sobreestiman el porcentaje que suponen los extranjeros respecto de la población: la mayoría de los encuestados cree que suponen un 24% del total de habitantes, cuando la realidad es que apenas alcanza el 12,2%. Es más, los estudios sobre convivencia escolar en España constatan un aumento del racismo y la xenofobia en los centros educativos, decreciendo el imaginario romántico de una sociedad mestiza y multicultural. En el estudio sobre Actitudes ante la Inmigración y Cambio de Valores del CEMIRA un 53% de los escolares consideró que debería expulsarse a las personas migrantes en situación irregular y un 51% pensaba que “quitan trabajo a los españoles”.
Por eso la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en sus últimos informes anuales, ha expresado su preocupación por el “aumento general” de la “estigmatización” a los y las inmigrantes, tendiendo a acusarles de ser “los responsables de la degradación de las condiciones de seguridad, el desempleo y los déficit de los sistemas de salud”.
Sorprende cuando, según cifras oficiales del Ministerio, el “balance económico de la migración”, es decir, el resultado entre lo que reciben las personas migrantes (educación, sanidad, protección social, ayuda a la vivienda, etc.) y lo que aportan (cotización a la seguridad social, pago de IRPF, pago de impuestos indirectos, etc.) es tremendamente favorable para nosotros: 6.000 millones de euros netos. Lo cual supone que cada español o española, recibe 105 euros al año de la inmigración. Es más, según el profesor universitario Arcadi Oliveres, necesitaríamos 240.000 inmigrantes por año para mantener equilibrada la pirámide poblacional y tener una generación intermedia que mantenga las pensiones de la tercera edad y la educación de los más jóvenes que todavía no cotizan.
Sin embargo todos los países han endurecido su política inmigratoria, para frenar la llegada de nuevos inmigrantes. En España se ha pasado de las regularizaciones extraordinarias al endurecimiento de las condiciones de reagrupación familiar y al fomento del regreso a los países de origen, recortando derechos fundamentales de las personas.
El desafío que nos plantea la inmigración no es cómo insertar en nuestro orden de las cosas (la lógica del mercado) a quienes vienen, lo que siempre se concreta en qué cambios deben realizar los inmigrantes, sino también y sobre todo la migración nos hacen comprender que es precisamente ese orden de las cosas el que tiene que cambiar. La respuesta a este desafío exige otra política, que se basa en profundas transformaciones.
Las dos condiciones básicas para ello es hacer posible y efectivo el reconocimiento del derecho a la libre circulación como derecho humano universal y, junto a ello, promover el establecimiento de relaciones internacionales equitativas, uno de cuyos instrumentos fundamentales debe ser la estrategia de romper las relaciones internacionales de explotación. De forma que la decisión de migrar no sea sólo el resultado de una necesidad imperiosa, de un destino fatal, sea para huir de la miseria o para mejorar las condiciones de vida, siguiendo el rastro de las riquezas que les han sido expoliadas.
Dicho de otro modo, ¿por qué, en lugar de reivindicar eternamente la regularización de los recién llegados, no reivindicar mejor la abolición del estatuto de extranjero, estatuto necesariamente discriminatorio y excluyente y, de ese modo, la abolición de los «papeles»? Debemos y podemos abrir las fronteras y proclamar la libertad de circulación y de instalación. El cierre de las fronteras no sólo atenta contra los derechos humanos; es, por encima de todo, una medida que no puede funcionar, todos los países de la UE lo han comprobado. En realidad no hacen más que exponer a los que intentan pasar a un peligro de muerte, y a los que lo consiguen a una situación de debilidad frente a la explotación.
Lógicamente, la apertura de las fronteras, supone también la «libertad de permanecer en su país», lo que requiere un «saneamiento radical de las relaciones internacionales»: simultáneamente los países de inmigración deben renunciar a fomentar guerras a través de terceros países, a apoyar regímenes políticos productores de miseria y a practicar el dumping social a través de la deslocalización de sus industrias de mano de obra.
Debemos pelear por un proyecto político común que haga posible el derecho a migrar y a quedarse, a circular y a permanecer, que garantice la desaparición de todo tipo de leyes especiales que por motivos de etnia, género o clase justifiquen la exclusión del contrato social vigente en las sociedades que se precian de democráticas. Debemos empezar a construir una ciudadanía mundial ya.
