Mª Ángeles Llorente Cortés. MRPs.

“Ante la magnitud del ataque a la educación que supone este anteproyecto tan sólo cabe la crítica continuada y razonada, la protesta y la movilización. Sumar fuerzas y pactar alianzas estratégicas es una tarea necesaria. Si esto no fuera suficiente habríamos de buscar la manera de resistirnos a su aplicación, de rebelarnos, de no dejar que los centros escolares se conviertan en fábricas con mayor o menor producción de unidades destinadas al mundo laboral, en las que cualquier atisbo de humanidad desaparezca, insertos en una mecánica perversa de competitividad y superación de exámenes, en aras a las necesidades de un mercado que no ofrece las mínimas garantías de un trabajo digno que contribuya a la realización de los seres humanos en el contexto que les ha tocado vivir.”

1.- Exposición de motivos

“En busca de talentos perdidos”

Estamos ante la nueva versión del “Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa” que el ministro Wert ha mandado redactar a sus asesores, para que quede claro que él también quiere poner su granito de arena en el panorama de mentiras y falacias que últimamente se difunden por doquier.

Siguiendo a rajatabla las consignas neoliberales impuestas por organismos supra-nacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la UE, se trata de degradar la Educación pública universal, gratuita y de calidad para toda la ciudadanía, y favorecer la proliferación de conciertos y centros privados que garanticen fuente de negocio para los que más tienen. Abrir la educación al mercado, al igual que están haciendo con la sanidad, es el objetivo fundamental que vienen orquestando con precisión desde hace más de una década.

Es este un anteproyecto que no parte de un análisis riguroso y compartido por la Comunidad Educativa sobre las deficiencias y potencialidades de nuestro Sistema de Educación Pública. En este país ya hace tiempo que asistimos a un proceso de simplificación de los análisis y falseamiento de los elementos que condicionan determinadas situaciones. Se presentan como verdades análisis parciales y poco profundos de la realidad escolar, se cuestionan leyes anteriores, en base a presupuestos completamente falsos, se utiliza un vocabulario especializado desconociendo e incluso pervirtiendo su significado y se lanzan ataques contra colectivos enteros sin haber profundizado en sus planteamientos ni experiencia a lo largo de los años . Y lo que es todavía más grave, el debate educativo se secuestra a los profesionales de la enseñanza, al alumnado, a las familias y a la sociedad en general que son los directamente implicados en la misma. Digamos alto y claro que para evaluar el sistema educativo no es suficiente con valorar al alumnado de una forma totalmente parcial, sesgada y ni ética, ni moralmente válida, sino que son necesarios otros instrumentos de medida que relacionen los resultados con los medios empleados, pero sobre todo con los fines que perseguimos.

Plantear como se lee en el Anteproyecto que “la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país”… (y que)… “el nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional”, supone optar por una concepción educativa reduccionista, de carácter meramente economicista, demagógica y obsoleta. Atrás queda el ideal educativo de la formación integral de la persona para su emancipación, para su socialización y para intervenir críticamente en la sociedad que le ha tocado vivir. Anteponer la competitividad a la colaboración en el símil taurino de la arena internacional, suena a viejo y a casposo, a localista y corto de miras en una sociedad que se define como planetaria y global.

Una ley redactada en masculino, que dice, entre otras lindezas: “todos los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento”. “Las personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país”. Hasta queriendo ser poético le sale la vena mercantil, como termina aclarando cuando dice : “La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades…y se conviertan en rutas que faciliten su empleabilidad y el espíritu emprendedor.” Que eufemismo tan rebuscado para seleccionar a los más desfavorecidos desde edades tempranas y expulsarlos del sistema cuanto antes, eso si ahora por vía legal, para tener mano de obra barata, que no proteste y además sea sumisa. El pensamiento es peligroso hermano…

¡Empleabilidad!, qué ironía esta palabra en boca de un gobierno que ha aprobado una reforma laboral que ha enviado al paro a millones de personas. Patrañas y mentiras sin fin, como constata el hecho de que personas jóvenes, muy bien formadas, tiene que marcharse de este país porque no hay trabajo para ellos/as. Y es que es evidente que el mercado de la formación no soluciona la precariedad laboral. Por mucha formación que tenga una persona si no hay trabajo no puede trabajar.

En su lógica economicista y mercantil, todo está pensado y por eso dicen; “ Las habilidades cognitivas…no son suficientes, es necesario, desde edades tempranas, adquirir competencias transversales y actitudes claves como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la capacidad de cambio”. Ahí querían llegar, así los niños/as desde la más tierna infancia podrán adaptarse mejor cuando sus padres se vean obligados a marchar a Canadá y de allí a China o a donde sea que el neoliberalismo global decida, en función de las deslocalizaciones de capitales y empresas que garanticen a las grandes multinacionales los mayores beneficios posibles.

Nueva vuelta de tuerca, tal vez definitiva del capitalismo salvaje que busca deslocalizar personas, pensamientos, actitudes y valores, que rompe el movimiento obrero, el movimiento sindical, que intenta desligar a los seres humanos de sus ciudades, de sus amigos, privarles de identidad colectiva, que trata de impedir el pensamiento compartido, que desprestigia la política para asegurarse el máximo control mediante la sumisión que provoca la incertidumbre y el miedo.

Ley de mejora de la calidad, la llaman. En primer lugar se atreven a decir que el Sistema Educativo Público es de mala calidad, basándose en estándares internacionales que para nada tienen en cuenta la situación de partida de cada país, ni los progresos o retrocesos que hayan podido producirse y muchísimo menos las características particulares de cada centro y en absoluto las peculiaridades de cada alumno. Calidad que nunca refieren al sistema en su conjunto, a todo el proceso educativo, sino que centran en resultados uniformes de unas pruebas pensadas, se supone para el “europeo medio”. Calidad entendida como producto final, identificando a los estudiantes con unidades destinadas al mercado de trabajo. Sin embargo , investigaciones contundentes y la práctica diaria demuestran que en los sistemas educativos hay una desconexión profunda entre lo que se pretende (que en muchos casos no se define) lo que se hace (incontrolable a nivel general, a pesar de la uniformidad de os libros de texto) y lo que se consigue (todos/as sabemos que lo es imposible comprobar lo que cada persona aprende en una situación de aprendizaje concreta y mucho más a nivel global), lo que imposibilita una medición de esas características y la falacia de intentarlas. Normalmente lo que hace la derecha más conservadora es utilizar estas imprecisiones para defender sus políticas regresivas y socialmente injustas como “la elección de centro” “volver a lo básico”, “la pedagogía clerical del esfuerzo”, “itinerarios segregadores” etc, como podemos observar en la lectura del anteproyecto.

Esta es la quinta reforma educativa de los últimos tiempos. Reforma que pretende, según se dice, combatir el fracaso escolar y evitar el abandono temprano. Objetivos irrealizables con la actual política de recortes en educación y con una política económica totalmente errónea que está mandando al paro a millones de personas y al país a la ruina. La experiencia y los datos empíricos demuestran que a mayor injusticia social, a mayor desigualdad, más tasa de abandono y más “fracaso”. Recordemos que desde la llegada del PP al gobierno del Estado Español, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación y que la previsión es que en 2015, el gasto público educativo, se sitúe en torno al 3,9% , lo que nos situaría a la cola de la OCDE y de la UE (retroceso a los años 80).

2.- Clasificación, segregación, exclusión, carrera de obstáculos, reválidas e itinerarios.

“Tu vales, tu no vales”

“Rebutgem un avantprojecte de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que entén l’avaluació institucional i educativa no com a forma de detecció de problemes amb la finalitat de resoldre’ls, sinó com a forma de legitimar l’exclusió i la classificació, que fa recaure en l’alumne fracassat l’origen i les conseqüències del seu fracàs”. (Junta de Centre de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València).

Está claro, el Gobierno del PP considera que los y las docentes no tienen preparación suficiente para examinar a su alumnado. Evaluar es otra cosa: supone conocer al alumno/a, su nivel de partida, el proceso de enseñanza aprendizaje y los avances producidos. Pero como queda claro en el anteproyecto no pretenden evaluar el sistema, tan sólo examinar al alumnado. Para mejorar el sistema hay que examinar al alumnado una y otra vez y con pruebas estandarizadas iguales para todos y todas. ¿Y qué pasa con la diversidad y con los diferentes grados de maduración, ritmo y estilos de aprendizaje del alumnado? Y que pasa con la desigualdad derivada de situaciones de pobreza , marginación y exclusión? Hay que examinar al alumnado sin parar, así se consolidará más el mensaje “hay que estudiar para preparar el examen no para aprender”. Se le examinará sin parar y además por gente que no lo conozca y así por arte de birli, birloque, a mejorar la calidad. Clases de tontos, clases de listas, profesores que preparan bien cobrarán más, los que preparan peor cobrarán menos, las academias a hacer negocio, el alumnado de NEE a la calle, los más desfavorecidos a itinerarios sin titulación… Una auténtica vergüenza que ningún docente con dignidad debería consentir.

Una ley que contempla 4 reválidas, al acabar 3º de primaria le examinan sus profesores y consta en el expediente. Al acabar 6º le examinan especialistas externos, sin ninguna vinculación afectiva, ni emocional, como si de máquinas se tratase . Al finalizar 4º de la ESO, para la obtención del Graduado en ESO, otra vez “especialistas” externos, sus profesores/as no ofrecen la suficiente fiabilidad. El que no aprueba se va sin titular, invalidando el trabajo de cuatro años. Al finalizar bachillerato ocurre lo mismo. Como dice el profesor Fernández Enguita, “a partir de secundaria, estos exámenes serán un castigo para quien no los apruebe, no buscando luchar contra el fracaso, sino certificarlo, sirviéndose de él para legitimar un sistema que segrega al alumnado y produce y reproduce las desigualdades sociales”.

Reválidas que no buscan sino abrir la educación pública a empresas y consorcios de evaluación privados, aumentando los gastos educativos en apartados que para nada redundan en la formación del alumnado y que suponen una minusvaloración y desconfianza sin límites hacia el profesorado. Pruebas que encargará el Estado pero que tendrán que pagar las Comunidades Autónomas.

Para coronar el sistema se suprime la selectividad pero permite que cada universidad realice prueba de acceso. Ya sabemos que el alumnado que no aprueba el acceso a la universidad pública, puede ir a una privada siempre que su familia tenga un buen nivel de renta.

Se trata en definitiva de un sistema que no busca generar gusto y pasión por aprender, ni tampoco aprender a aprender, sino que se basa en la presión de unos exámenes preparados con una finalidad meramente economicista, de adecuación a las miserias del mundo laboral y por consiguiente reduccionistas y de corto recorrido intelectual.

Los itinerarios que plantea esta reforma pretenden, bajo la excusa de los diferentes talentos, clasificar cuanto antes al alumnado, para seleccionar a los que mejor se van a adaptar al sistema y separar a los que presenten cualquier tipo de resistencia o dificultad. Con esto no pretenden, como quieren hacernos creer, reducir el abandono o combatir el fracaso, sino todo lo contrario. Lo que buscan es dar vía legal a la exclusión de una formación común y de calidad para todo el alumnado, eliminando así los costes que los programas de atención a la diversidad y de refuerzo con vuelta al sistema común, pudieran generar. Todos los estudios internacionales demuestran que cuanta más segregación a edades tempranas mucho peor es el resultado educativo del conjunto del alumnado.

La ley propone una segregación por tres vías:

La primera son los llamados Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º de la ESO. Una vez más la perversión del lenguaje nos deja atónitas, niños de 13 y 14 años con dificultades (no se dice de qué tipo) se agruparan para cursar un currículo devaluado. Ni tan siquiera será necesario que cursen el primer ciclo. Esto supone que los itinerarios se inician en 1º de la ESO. Todas las personas que trabajamos en educación sabemos que cualquier niño/a con dificultades aprende más en grupos heterogéneos en los que no se concentran las problemáticas. El conocimiento pedagógico más elemental dicta que todos y todas aprendemos de los demás y con los demás y que el medio condiciona el ambiente. En un contexto de dificultades concentradas no hay mejora posible. De hecho para integrar el número de personas con dificultades debe ser reducido y nunca más del 25 % del grupo, y esto ya es demasiado. Y por cierto integrar es mucho más difícil si se aumentan las ratios. No hay profesores/as que quieran hacerse cargo de los grupos conflictivos, si además son numerosos . Y lo que es más grave, el anteproyecto indica que estos programas irán dirigidos a alumnos/as con problemas relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Como si fuera posible desligar una cosa de la otra, como si el rendimiento no estuviese condicionado por problemas afectivos, familiares, relacionales, etc., constituyendo una situación de círculo vicioso en el que los suspensos llevan al retraso, éste a la dificultades, éstas a la desmotivación (falta de esfuerzo) y así sucesivamente. Estos programas no mejoran ni el aprendizaje, ni el rendimiento, son parches que en este caso ni siquiera permitirán conseguir el título. ¿Qué alumno/a de estos programas , con un currículo devaluado va a aprobar la prueba externa de 4º de la ESO? Ni uno solo/a.

La segunda, se sustituyen los PCPI ( a los 16 años medida excepcional para titular en ESO) , por un nuevo ciclo de Formación Profesional Básica, a los quince años,( desde 2º de la ESO) vía ancha, que no permite titular, ni da acceso directo a la Formación Profesional de Grado Medio. En el primer redactado del anteproyecto quedaba clara la finalidad excluyente y segregadora de esta medida destinada a aquel alumnado” en situación económica desfavorable” equiparando pobreza con poca capacidad para el estudio. El título “profesional básico” aspira a ser un maquillador perfecto de los datos de “fracaso y abandono”.

La tercera, estableciendo dos vías en cuarto de la ESO. A partir de 3º el alumnado elige entre dos itinerarios, el de FP o el de Bachillerato, lo que vuelve a convertir la FP en una vía de segunda categoría para derivar al alumnado con más dificultades, menos talentos en su lenguaje tan sutil. 4º de ESO ya no se considera dentro del tramo obligatorio, sino post-obligatorio y al final la prueba para titular no es la misma por lo que no se puede pasar de una vía a la otra.

Una reforma que atenta contra al igualdad de oportunidades, en aras de polarizar más la sociedad y producir mayores niveles de desigualdad y de injusticia social: más posibilidades y mejor formación para los/as que más dinero tienen.

3.- Un curriculun recentralizado al servico del mercado laboral

“Objetivo: Españolizar.”

El Sr Wert quiere españolizarnos a todos y todas. Nacionalismo español a la vieja usanza. Una vez más mintiendo, (recordemos aquello de los 19 sistemas educativos) creando conflictos lingüísticos inexistentes, (Todos los niños/as catalanes/as, gallegos y vascos son bilingües y el/la que no lo es, sólo habla castellano) creando opinión pública con falsedades, se pretende reducir la autonomía de las Comunidades Autónomas, apostando por la uniformidad y por el dirigismo ideológico. El Estado Central decide sobre el 75% de los contenidos curriculares, antes ya lo hacía sobre el 65%.

Centrarse en las instrumentales, reducir materias, marcar mínimos…etc, todo son estrategias que conducen a cerrar más el currículum en torno a las demandas de los mercados, orientados a la selección de los mejores y a la obtención de mano de obra flexible, barata y fácilmente manipulable, sin formación, ni criterio. La formación de cuadros intermedios y directivos queda para el que pueda pagarla (Universidades y masteres) . El problema de adquirir saberes relevantes no tienen relación directa sólo con el tiempo empleado sino sobre todo, con la forma en que los conocimientos se presentan y se estudian, con la metodología de trabajo, tema que ni se menciona en todo el anteproyecto. Considerar las enseñanzas artísticas, musicales, plásticas y visuales , como de segunda categoría es una aberración de primer orden, máxime si tenemos en cuenta que la creatividad es básica para formar “emprendedores”, palabra totémica en todo el anteproyecto.

Tener una lengua propia es considerado en este anteproyecto como un castigo. La lengua propia queda considerada como especialidad. Parece que se quiera hacer llegar a las familias el mensaje de que aprender en catalán, gallego o vasco irá en detrimento de las troncales que al final son de las que les evaluarán los agentes externos. En el anteproyecto no deja claro si la lengua de la Comunidad entra o no en las reválidas. No apostar decididamente por la consolidación y expansión de todas las lenguas del Estado indica la cortedad de miras y la concepción tan lesiva que de la cultura y la educación tiene este Gobierno.

Volver a considerar la Religión Católica como asignatura evaluable y ceder al chantaje de la Jerarquía Eclesiástica para que exista una alternativa evaluable, nos retrotrae a tiempos que todos queremos olvidar. La religión, todas las religiones deben estar fuera de la escuela. La educación ha de ser laica en todo su desarrollo. Aspirar a una educación emancipadora en la que cada persona pueda elegir y ejercer con libertad entre todas las ideologías y creencias, es una de las aspiraciones más nobles que se puede plantear una sociedad. El adoctrinamiento tiene que desecharse de toda ley y práctica educativa . Situar a la religión como asignatura específica, en bachillerato, por encima por encima de la Lengua Lengua Cooficial y Literatura que queda como asignatura de “especialidad”, es completamente inaceptable. Como lo es también la eliminación de Educación para la ciudadanía en primaria, la asignatura de Ética Cívica en 4º de la ESO y Ciencias para el Mundo Contemporáneo de todas las modalidades de bachillerato. Detrás de todo ello pervive el mismo intento adoctrinador católico frente a la pluralidad ideológica y las aportaciones de las ciencias.

En Primaria se elimina la estructura de ciclos y se organiza la etapa en cursos. Esto va a suponer que se imponga una mayor rigidez en el logro de los objetivos, lo que perjudicará al alumnado con más necesidades. Partir el conocimiento.

No resulta comprensible que en el mundo actual la asignatura de tecnología desaparezca del currículo común de 3º de la ESO, pasando a formar parte de las materias de modalidad (optativa). Igualmente ocurre en 4º de la ESO; no se oferta en enseñanzas académicas, ni en enseñanzas aplicadas. En estas últimas aparece “tecnologías de la información y la comunicación” sin que se sepa a ciencia cierta qué se esconde detrás de este enunciado. La situación continua en bachillerato, donde tampoco aparece ninguna referencia a la asignatura de tecnología. Esta minusvaloración de la asignatura de tecnología que deja de formar parte de la formación básica, además de completamente injustificada, es irracional y va en contra del progreso científico-técnico.

Un despropósito todavía mayor supone eliminar la economía como materia de modalidad en primero de bachillerato. En pleno siglo XXI nadie duda de que la economía es imprescindible para entender el mundo en el que vivimos y debe formar parte de las enseñanzas básicas y comunes. Resulta paradójico que un gobierno que pretende dinamizar el tejido productivo y favorecer a los emprendedores, degrade de esta manera la materia y la especialidad de economía.

Con la misma arbitrariedad se trata la cultura clásica, que viene padeciendo desde hace años importantes recortes horarios y de profesorado. Una sociedad que no conoce sus raíces difícilmente puede progresar en sabiduría y formación. Por ello a supresión de la asignatura cultura clásica y del griego como materia de modalidad en 1º y 2º de bachillerato lejos de aumentar la calidad del sistema, la reduce considerablemente.

Y por si todo esto no es suficiente, evaluaciones estatales que son las que realmente marcarán el contenido de los libros de texto y el currículo a enseñar, cargándose la autonomía de los centros, la libertad de cátedra y numerosas experiencias de renovación e innovación pedagógica vinculadas a las diferentes realidades sociales y personales.

Totalmente en el olvido queda la utopía pedagógica de avanzar hacia una selección de contenidos centrada en las necesidades del alumnado, que atienda a su diversidad real y que se refiera a los diferentes ámbitos de la realidad que nos afectan: el ámbito personal, el ámbito físico, natural y tecnológico, el ámbito social y el ámbito lingüístico simbólico que permite reconstruir los otros, con el objetivo de potenciar la formación integral de la persona, desarrollando las capacidades que le permitirán intervenir en el mundo para transformarlo.

4.- Menos participación, menos democracia, profesionalización de las tareas directivas.

Este Anteproyecto supone un ataque brutal a la Participación y organización democrática de los Centros Escolares. Se merman aún más las competencias de los Consejos Escolares de Centro que pasan a ser órganos meramente consultivos sin apenas capacidad decisoria. Los Consejos Escolares ya no aprueban los Proyectos del Centro sino que los evalúan. Todas las competencias que pierde el Consejo Escolar pasan al Director/a , que aprueba los proyectos y las normas, decide sobre la admisión de alumnado, fija las directrices para colaborar con otras Administraciones, etc.

Definitivamente el director/a pasa de ser el representante de la C. Educativa a ser el representante de la Administración, que es la que lo elige, lo profesionaliza, lo premia en función de su servilismo a las consignas establecidas. La dirección se convierte en una tarea unipersonal y no colectiva, con un sesgo de patronal ya que podrá seleccionar al profesorado de su plantilla. Una vez más se traslada el modelo de la empresa a la educación.

No se puede obviar que las sucesivas leyes educativas han sido determinantes para acabar con un proceso democratizador que nunca llegó a implantarse. Si durante algún tiempo y en algunos centros se intento poner en marcha una organización verdaderamente democrática basada en el compromiso del profesorado, la participación de las familias, el protagonismo del alumnado y la reivindicación como constante, a lo largo de estos últimos años se han ido poniendo trabas que cada vez dificultan más las prácticas democráticas en la organización escolar. Quedan muy pocos centros en los que las tareas directivas sean asumidas por personas del Claustro de manera colegiada y rotativa, quedan pocos centros en los que las Cámaras de delegadas de padres y madres, de alumnado tengan una influencia real en el funcionamiento de los centros, quedan pocas comunidades educativas que de forma planificada y eficiente planteen sus demandas a la Administración y logren respuestas positivas, mediante la reivindicación y la lucha.

Esta ausencia de democracia en los Centros Escolares es especialmente grave si tenemos en cuenta que la democracia se aprende en contextos en los que se vivencia la participación. Dificilmente podremos educar en democracia en contextos jerárquicos y autorirarios , en los que no se da la participación democràtica. La ciudadanía tiene que ver con la disposición de las personas a participar de manera individual y colectiva en la administración de las instituciones básicas que conforman sus vidas y a poner en práctica el control en el ejercicio del poder sobre organizaciones tan diversas como el gobierno, el lugar de trabajo, la casa y la escuela.

Profesionalizando las tareas directivas, se desvincula a la Comunidad Educativa de la organización y la gestión del centro, lo que conlleva una pérdida de potencialidades inmensa en la planificación educativa y en la resolución de conflictos, al tiempo que se merma la conciencia de pertenencia a la Comunidad Educativa, potenciando el individualismo y el reparto de responsabilidades de manera excluyente y exclusiva.

5.- Privatización y negocio educativo

Desde la certeza de que la Educación Pública debe vertebrar el Sistema Educativo para garantizar la cohesión y la convivencia, son inaceptables las diferentes formas de privatización que se apuntan en el Anteproyecto. No es justo, ni recomendable, ni bueno para aumentar la calidad del Sistema, que se promueva una “Nueva Gestión” empresarial de centros. Es un ataque innecesario a los docentes y a su profesionalidad que se pueda desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Es perverso que se fomente la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara, máxime cuando la Administración Educativa debería garantizar la máxima calidad en todos los centros, no en unos cuantos. Todos los centros deben tener todos los recursos necesarios para atender al alumnado adecuadamente, en función de sus necesidades y no en base a una competición, basada en criterios que siempre son arbitrarios. Lo más importante no es que algunas familias puedan escoger los mejores centros , sino que todos los centros ofrezcan a todas las familias la máxima calidad. La educación es un derecho, no una mercancía.

Incluir como parte del Sistema Educativo a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo , no es más que una burda manera de establecer vías de financiación pública para empresas privadas y favorecer el negocio educativo, sin tener en cuenta que la educación es un bien social y que su rentabilidad no puede mide en términos meramente económicos. El dinero público debe ir prioritariamente a la Educación Pública, cuya gestión, titularidad y funcionamiento debe ser también público. Seguir aumentando conciertos a centros que segregan por nivel socioeconómico, procedencia, cultura o ideología o sexo, perjudica no sólo a la Educación sino a toda la sociedad que necesita de un Sistema Educativo integrador, al servicio de todo el alumnado.

Este anteproyecto amplia más la posibilidad de concertar, de privatizar en suma más el Sistema educativo; se concertará la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria y se dará cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del TS.

Este Anteproyecto supone un retroceso de más de 30 años en el Sistema Educativo Español. Como afirman los Decanos y Decanas de Educación de las Facultades Públicas de Andalucía, Ceuta y Melilla “Esta Conferencia considera un atentado contra los principios fundamentales de la educación un anteproyecto de ley que se justifica en su preámbulo atendiendo exclusivamente a criterios economicistas,
eficientistas y mercantilistas, olvidando que la educación debe responder por encima de todo en un estado de derecho, al más amplio desarrollo personal de todos los ciudadanos y ciudadanas, al fortalecimiento de su autonomía y libertad, y al incremento de la cohesión social.”

Todo él esta plagado de caducas recetas que no han dado los resultados esperados en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano.

Ante la magnitud del ataque a la educación que supone este anteproyecto tan sólo cabe la crítica continuada y razonada, la protesta y la movilización. Sumar fuerzas y pactar alianzas estratégicas es una tarea necesaria. Si esto no fuera suficiente habríamos de buscar la manera de resistirnos a su aplicación, de rebelarnos, de no dejar que los centros escolares se conviertan en fábricas con mayor o menor producción de unidades destinadas al mundo laboral, en las que cualquier atisbo de humanidad desaparezca, insertos en una mecánica perversa de competitividad y superación de exámenes, en aras a las necesidades de un mercado que no ofrece las mínimas garantías de un trabajo digno que contribuya a la realización de los seres humanos en el contexto que les ha tocado vivir.