Comunicado de prensa de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública critica que las iniciativas anunciadas no se llevarán a cabo por falta de presupuesto o se aplicarán de manera parcial
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en la que se integran las organizaciones más representativas de docentes, familias y estudiantes de la enseñanza pública de nuestro país, denuncia la autocomplacencia mostrada por el ministro de Educación en el comienzo del nuevo curso. Íñigo Méndez de Vigo olvida que, durante los últimos cuatro años, el Gobierno del PP ha mermado los presupuestos del Ministerio de Educación en más de 3.000 millones de euros, a los que hay que añadir los 6.300 millones de euros al año escamoteados a la educación española en el conjunto de todas las comunidades autónomas.
Los recortes han afectado gravemente a la equidad e inclusión de nuestro sistema educativo y, en último término, han provocado que la educación haya dejado de ser gratuita para muchas familias que, privadas de becas y ayudas, cuyo volumen e importe ha decrecido de forma imparable, no pueden hacer frente a la compra de libros y materiales, pago de comedores y transporte escolares, matrículas universitarias, etc. La entrada en vigor de la reforma educativa, a la que se ha opuesto toda la comunidad escolar y los partidos políticos de la oposición, ha agravado aún más esta precaria situación.
Además, la Plataforma critica las medidas electoralistas anunciadas por el responsable de Educación, con las que vende humo de cara a las próximas elecciones y renuncia a impulsar iniciativas que supongan una mejora real para la educación pública española. En concreto, se refiere a las cuatro medidas estrella del Ministerio, que teóricamente restituirán muchos de los recortes impuestos estos años por el PP. En pleno alarde electoralista, el sustituto de José Ignacio Wert ha prometido disminuir el número de alumnos/as por aula; cubrir las sustituciones de forma inmediata en casos muy concretos; contratar a más de 13.000 profesionales; y elaborar un libro blanco para la elaboración de un futuro Estatuto Docente.
Lo que el Méndez de Vigo no dice es que la disminución de las ratios de estudiantes por aula no se podrá llevar a cabo porque, en la práctica, exigiría aumentar el número de docentes en un número muy superior al previsto; las sustituciones se limitarán a casos muy concretos que rondarán el 15 % del total y dejarán fuera los supuestos más habituales, como las bajas del profesorado por enfermedad común; que la oferta de empleo no contempla recuperar los puestos de trabajo destruidos en los últimos años, que ascienden a más de 30.000; y que el libro blanco del Estatuto Docente supone un retroceso significativo, puesto que, ya en 2010, se alcanzó un acuerdo que la comunidad educativa exige que sea el punto de partida.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública defiende que, para recobrar la equidad y la calidad del sistema educativo, es urgente reducir de forma fehaciente el número de estudiantes por aula, disminuir la jornada lectiva del profesorado y atender puntualmente la sustitución de sus bajas. Solo revirtiendo de forma real las medidas que el PP ha impuesto durante esta legislatura y que afectan a estos y otros indicadores, se logrará mejorar la atención al alumnado, clave para impulsar una educación pública de calidad.
Un nuevo modelo educativo
Para construir un modelo educativo que dote de estabilidad al sistema es obligatorio derogar la LOMCE y consensuar una alternativa que parta de unos principios de inclusión y no segregación y arrincone medidas que están en las antípodas del progreso educativo, como las evaluaciones externas. Estos exámenes responden a intereses mercantilistas y competitivos de las instituciones que los promueven (OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional…) y fomentan la marginalidad del alumnado de entornos más desfavorecidos, despreciando la capacidad educativa del profesorado y fomentando la segregación.
Asimismo, es preciso recuperar los más de 30.000 puestos docentes perdidos y adaptar las plantillas a las exigencias educativas actuales a través de ofertas públicas de empleo suficientes, asegurando su estabilidad, lo que implica reducir la interinidad injustificada de los contratos y equiparar las condiciones laborales y salariales del profesorado.
La regulación de la profesión docente a través de un estatuto específico debe ser el marco para el desarrollo profesional del colectivo de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, entendido como un proceso fundamental en la mejora de la calidad educativa y la dignificación laboral y social del colectivo. El futuro Estatuto Docente debe responder a las reivindicaciones del sector a través del relanzamiento de su negociación colectiva del personal.
En el ámbito universitario, la Plataforma recuerda que la subida de tasas y la disminución de becas han expulsado de la universidad a más de 77.000 estudiantes desde el curso 2011/2012 y que el decreto del 3+2, entre otros, dificulta el acceso de las familias con menos recursos a la educación superior, al haber encarecido los estudios. En este sentido, el profesorado, las familias y los estudiantes abogan por una política coherente y consensuada que rectifique la actual. Es imprescindible rebajar los precios de los estudios oficiales, mejorar sustancialmente las políticas de becas y financiar adecuadamente la universidad para reforzar la educación superior y a toda la comunidad universitaria.
En definitiva, propone releer la Constitución y darle un nuevo sentido al derecho a la educación con el objetivo de, en un marco de participación democrática, asegurar su gratuidad real, ampliar hasta los 18 años su obligatoriedad y garantizar la formación a lo largo de la vida.
Por último, la Plataforma por la Escuela Pública incide en que la educación pública debe ser garante de la igualdad de oportunidades y estar abierta a la sociedad y a sus requerimientos y, por tanto, las administraciones deben ser capaces de responder ante situaciones de especial vulnerabilidad, tanto con los refugiados, como con las personas inmigrantes y los ciudadanos que sufren con especial virulencia la crisis, proveyendo a los centros educativos de los medios y recursos adecuados para recibir a menores y sus familias. En una situación de tal complejidad, es necesario impulsar la educación intercultural y contra la discriminación y el racismo.
Madrid, 14 de octubre de 2015
