Comunicado conjunto de la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuíta de CyL. Foro por la Educación de CyL  

La Junta de CyL continúa con su política privatizadora y de recortes del 75%, lo que da al traste con la mayoría de las líneas de investigación, a pesar de las promesas a la comunidad científica el año pasado.

El 29 de diciembre de 2015, en pleno periodo vacacional, se publicó la Orden EDU/1115/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación y que deroga la orden EDU/1088/2013.

Este año, las ayudas que la Junta concede a los proyectos de investigación que se desarrollan dentro de nuestra comunidad, están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional lo cual implica que, los proyectos de investigación susceptibles de ser subvencionados, han de cumplir una serie de requisitos que no eran excluyentes del proceso de selección hasta este año.

Estos requisitos, entre otros, pasan porque el proceso de concurrencia está restringido este año al cumplimiento de las prioridades de inversión fijadas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3), aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 16 de abril de 2014, recogiendo las orientaciones establecidas en Horizonte 2020 y en consonancia con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, tal y como se recoge en el artículo 2, que regula las características de los proyectos, estableciendo que “los proyectos que se financien deberán estar necesariamente incluidos en alguna de las prioridades temáticas de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3).”
Muchos de los proyectos que hasta ahora contaban con financiación, este año quedan excluidos de las bases reguladoras de la convocatoria, por lo que numerosas líneas de investigación por las que la Junta apostaba hace menos de un año, este año no tendrán de financiación, por lo que se interrumpirán, perderán todo su potencial desarrollo dará al traste con las líneas de investigación y sus avances y supondrá menos desarrollo regional y menos empleos científicos.

Consideramos que dichos requisitos restringen de forma drástica la capacidad de acceso a financiación de la gran mayoría de los proyectos de investigación que se venían llevando a cabo y supone una apuesta de la Junta a favor de una Universidad al servicio de la empresa y de su beneficio económico. El primero de los condicionantes excluye áreas de investigación básica, humanísticas, artísticas y científicas, que debieran estar también presentes como corresponde a países con un modelo productivo de alto valor añadido. El segundo impide directamente los proyectos de investigación que no cuentan, sin importar las razones, con una empresa asociada.
Esta política de la Junta sobre I+D supone además, que muchos de los proyectos por las que apostaba hace unos meses, este año quedan excluidos de las bases reguladoras de la convocatoria. Y se suma a las consecuencias de unos recortes brutales en investigación del 75% en estos cuatro años, que han dado al traste con muchas líneas de investigación regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales.
En este sentido, rechazamos por inadmisibles las palabras del presidente del Consejo Social de la UVA, suponemos a que título personal y de acuerdo con sus intereses, de que “el principal problema que tiene la Universidad no son los recortes presupuestarios y los mejores grupos de investigación de las universidades apenas se están viendo afectados por la crisis”.

Por todo lo que antecede tanto el Foro por la Educación de Castilla y León como la Plataforma por una escuela pública, laica y gratuita, hacen pública su disconformidad con las políticas de I+D de la Consejería de Educación de privatización, de recortes y de ataque tanto a la investigación no orientada de calidad que actualmente se realiza en nuestra Comunidad, como a la independencia de los equipos en el desarrollo de nuevas líneas de investigación, lo que tendrá como consecuencia inmediata la descapitalización, cuando no la desaparición, de equipos y proyectos regionales de interés contrastado e indiscutible, y no solo de interés empresarial.

Y exigimos a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Educación arbitren fórmulas, contando con las Universidades Públicas, Agentes Sociales y Cortes de Castilla y León, que favorezcan la soberanía investigadora territorial y el mantenimiento de los equipos y proyectos de investigación para un verdadero desarrollo regional.

Febrero 2016