Enrique Javier Díez Gutiérrez, Profesor de la Universidad de León y Eloina Terrón, Responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Provincial

La reciente publicación de la nueva convocatoria de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional el 29 de diciembre, en pleno período de fiestas, por la Junta de Castilla y León, continua los mismos derroteros de la política universitaria privatizadora, recortadora y de estrangulamiento de la Investigación pública de CyL, a pesar de las falsas promesas de la Consejería de Educación, que sigue empeñada en desmantelar la I+D de CyL que no esté al servicio de la exclusiva utilidad técnica empresarial para seguir aumentando los beneficios de unos pocos.

Por una parte profundizan aún más en la deriva privatizadora que impone la Junta de Castilla y León en I+D, imponiendo a cualquier grupo de investigación de las Universidades de Castilla y León la exigencia de acreditar tener colaboración empresarial, mediante contrato o convenio con una empresa privada, en el momento en el que realice la solicitud de subvención. Es decir, condicionan la financiación pública a la exigencia de haber obtenido financiación privada por parte de cualquier investigación que opte a subvenciones públicas.
Por otra parte recortan cualquier tipo de financiación a la investigación básica, las ciencias jurídicas y sociales, la educación, etc., pues el Consejero de Educación excluye expresa y tasativamente de la financiación aquellos proyectos de investigación que no entren dentro de los únicos seis ámbitos que ha establecido el Partido Popular para ser financiados públicamente (salud y cambio demográfico, seguridad alimentaria y bioeconomía, energía, transporte, acción por el clima, y sociedades seguras).

Por eso Izquierda Unida de Castilla y León ha exigido la inmediata y urgente retirada de esta convocatoria de bases y que el diseño de cualquier convocatoria de financiación pública de la investigación sea acordada con la comunidad científica de las Universidades Públicas de CyL.

Pero Izquierda Unida de Castilla y León pedirá igualmente la dimisión del Consejero de Educación, Fernando Rey, en caso de que no rectifique, dado que persiste en su deriva privatizadora y de recorte de la financiación a la investigación en nuestra comunidad, a pesar de las reiteradas peticiones que ha recibido de la comunidad científica de CyL desde que ha tomado posesión del cargo y a las que sigue haciendo oídos sordos.

La comunidad investigadora de CyL comenzó a alzarse contra la política de investigación de la Junta en la anterior convocatoria de ayudas de 2014, en la que se quedaron fuera del programa de financiación el 80% de los proyectos presentados de las Universidades de Castilla y León, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, el patrimonio o la comunicación. Algo que viene repitiéndose en los últimos cuatro años y que ha supuesto un recorte brutal de los fondos regionales para investigación del 75%, lo cual ha supuesto la paralización de muchos proyectos regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales.

“Desde hace años la Junta solo está apoyando los proyectos de investigación aplicada porque parece que lo que quiere es una especie de universidad al servicio de la empresa”, denunciaba públicamente la catedrática de la Universidad de Burgos, María Luisa Lobato, que forma parte de los tres portavoces del movimiento de académicos e investigadores que a finales de enero de 2014 iniciaron esta protesta de la comunidad científica de CyL y plantearon estas reivindicaciones al Gobierno regional del Partido Popular de Juan Vicente Herrera.
Una batalla a la que se han sumado más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la comunidad, que han firmado en la plataforma de Internet Change.org una carta destinada a la Consejería de Educación exigiendo que se cumplieran los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades que establecen que una función de las Universidades es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que la investigación es un derecho y deber del profesorado universitario.

Como dicen los firmantes de esta carta al Consejero de Educación “malamente puede un profesor universitario investigar sin disponer de fondos para ello y malamente puede un profesor enseñar si los conocimientos que transmite a sus alumnos solo se basan en lo que ha leído en libros de texto. La apuesta por la investigación no es un capricho que se puede apoyar o no con el dinero de todos de forma insuficiente y/o intermitente”.

Pero la respuesta de la Consejería de Educación, como denuncia toda la comunidad científica de CyL, no hace sino acelerar lo que es ya una ‘muerte anunciada’ de buena parte de la investigación en Castilla y León desde 2008, especialmente en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, así como la investigación básica, que es aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento pero que no tiene una salida directa al mercado.

Los países que tienen un enfoque de modelo productivo de alto valor añadido son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, porque dicha investigación es la que genera las bases para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Sin los resultados de la investigación básica, seguiremos ahondando en posibles resultados técnicos y rentables para algunas empresas, pero sin saber al servicio de qué modelo social y humano los desarrollamos.

Pero las bases de financiación pública de proyectos de investigación en Castilla y León de esta nueva convocatoria para 2016 insisten en tres anomalías fundamentales que dinamitan la I+D en nuestra región:

Sólo se financia la investigación que se desarrolle en esos seis ámbitos de investigación hasta el año 2020, excluyendo de facto la financiación de cualquier proyecto de investigación básica o de todas las ciencias jurídicas y sociales;

Impone la obligatoriedad de tener contrato o convenio con una empresa privada en el momento en el que se realice la solicitud de subvención;

Expulsa a las y los jóvenes investigadores, al establecer como condición para contratarles que no hayan hecho ni su investigación ni hayan leído la tesis en la misma universidad en la que vaya a ser contratados, lo que supondrá una fuga de investigadores jóvenes que podrían seguir trabajando en Castilla y León y una forma de dificultar la renovación de los equipos de investigación en nuestras universidades.

Por eso, Izquierda Unida apoyará a la comunidad científica de Castilla y León en su exigencia de inmediata retirada de esta convocatoria de bases y el diseño de una convocatoria acordada con la comunidad científica de las Universidades Públicas de CyL.