Maria Luisa Lobato, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Rocío Anguita, Jorge Cuéllar Antequera y Mercedes Tamame González. Comisión de representantes de Investigadores de Castilla y León (CRICyL). Profesores de las Universidades de Burgos, León, Valladolid y Salamanca.

El jueves 3 de marzo investigadores de Castilla y León se reúnen con todos los partidos políticos con representación en las Cortes Regionales para presentarles su propuesta de firmar un Pacto por la I+D en CyL.

La publicación por la Junta de Castilla y León, el 29 de diciembre de 2015, de las bases reguladoras de la nueva convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ha sido el detonante que ha vuelto a reactivar la protesta de la comunidad científica de CyL. Protesta que se inició a finales de enero de 2014 y a la que se han sumado más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la comunidad, exigiendo que se cumplan los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades que establecen que es función de las Universidades la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que la investigación es un derecho y deber del profesorado universitario.
Esta convocatoria del gobierno regional de financiación de la investigación pública no ha tenido en consideración las reclamaciones que realizan desde hace casi año y medio buena parte de la comunidad investigadora de Castilla y León, y que pide cuatro cuestiones esenciales en I+D en CyL.

La primera es no excluir de facto la investigación en ciencia básica, así como en ciencias jurídicas, económicas y sociales, además de en artes y humanidades, al establecer en dicha convocatoria que solamente tendrán financiación pública aquellos proyectos de investigación en seis ámbitos que determinó inicialmente la Junta de Castilla y León: salud y cambio demográfico, seguridad alimentaria y bioeconomía, energía, transporte, acción por el clima y sociedades seguras.

El Consejo de la Unión Europea aprobó formalmente en diciembre de 2013 las nuevas normas y la legislación que rige la ronda de inversión de la UE para el período 2014-2020. Las estrategias de investigación nacionales y regionales para la especialización inteligente (estrategias RIS3) se centran en el apoyo de las prioridades, retos y necesidades clave establecidos por el país o región. Por eso RIS3 requirió a los Estados miembros y las regiones de la UE que identificaran las especializaciones de conocimientos que mejor se ajustaran a su potencial. “En lugar de tratarse de una estrategia impuesta desde arriba, la especialización inteligente implica que las autoridades nacionales o regionales deben elaborar a continuación un documento que plasme la estrategia propuesta para ese país o región”. La novedad consiste ahora en que la Comisión proponga que esto sea una condición previa para obtener la financiación del FEDER. En consecuencia, la JCyL estableció en su día las estrategias de RIS3 sin perjuicio de que ahora pueda modificarlas.

En los últimos años se han quedado fuera del programa de concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación el 80% de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, la economía, el patrimonio o la comunicación. Esto ha supuesto la paralización de muchos proyectos regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales.
La segunda cuestión que se solicita es la de no imponer la obligatoriedad de tener contrato o convenio con una empresa privada en el momento en el que se realice la solicitud de subvención. Esta exigencia que se hace al equipo investigador solicitante de tener colaboración empresarial como condición previa para obtener financiación pública, puede llegar a pervertir el sentido y la finalidad de la investigación en CyL, requisito que además no tiene la mayoría del resto de Comunidades Autónomas.

Por una parte, porque buena parte de la investigación, especialmente la que no tiene inmediato rendimiento mercantil traducido en patentes o resultados comercializables, no parece susceptible de suscitar interés para el modelo empresarial predominante en nuestra comunidad autónoma, que presume de buscar el beneficio rápido e inmediato de los accionistas y no una visión a largo plazo sobre el futuro de un modelo industrial de alto valor añadido.

Por otra parte, y mucho más importante, porque esta condición implica estrangular la financiación y suprimir de facto investigaciones fundamentales para CyL relacionadas con cuestiones regionales y locales de interés para la gente empobrecida, las minorías y las mujeres de clase trabajadora de las zonas rurales, por ejemplo. No parece que las empresas de la región estén muy interesadas y dispuestas a aportar fondos privados para esas temáticas; de este modo no obtendrán financiación pública aquellos proyectos de investigación que buscan analizar y solucionar problemas relevantes para los sectores de nuestra comunidad que más necesitados están.

Con este enfoque de la convocatoria, parece que el valor mercantil de las investigaciones prevalece sobre su contenido de verdad. La ‘disciplina por el dinero’ que se impone, al poner al mercado al frente de cómo repartir los recursos y la financiación de la I+D en CyL, introduce amenazas muy serias en la vida intelectual y el pensamiento.

La tercera cuestión que planteamos es disminuir la primacía que se da a las Unidades de Investigación Consolidadas (UIC), creadas por la Junta, para solicitar subvenciones de apoyo a proyectos de investigación. Estas UIC por su trayectoria y logros anteriores están capacitadas para conseguir proyectos del Ministerio y también europeos, mientras que equipos más jóvenes no tendrán esa posibilidad fuera de la Junta.
Para lograr todo ello, se considera imprescindible la cuarta demanda, un incremento de la inversión en I+D en CyL. Castilla y León tiene una financiación de la investigación pública muy por debajo de la media europea y nacional. Finlandia, Suecia y Dinamarca invierten en I+D+i un 3,55%, 3,41% y 2,99% de su PIB respectivamente. País Vasco pasó del 2,19% al 3,5% mientras que Castilla y León pasó del 1,12% a 1,2% en 2015.

Los países que tienen un enfoque de modelo productivo de alto valor añadido son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas; no en vano dicha investigación es la que genera las bases para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Sin los resultados de la investigación básica, que es aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento, pero que no tiene una salida directa al mercado, seguiremos ahondando en posibles resultados técnicos y rentables para algunas empresas, pero sin saber al servicio de qué modelo social y humano los desarrollamos.

Todo lo anterior justifica que a finales de enero de 2014 naciera una plataforma de representantes de investigadores e investigadoras que iniciaron esta protesta de la comunidad científica de Castilla y León, planteando estas reivindicaciones al Gobierno regional, y a la que se han sumado más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la comunidad, con visibilidad en la plataforma de Internet Change.org, donde se recogió un elevado número de firmas exigiendo que se cumplan los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades.

Buena parte de la comunidad científica de Castilla y León pide que haya unanimidad en los partidos políticos y se sumen a este Pacto por la I+D que propone que los políticos acuerden con los interesados, es decir, con la comunidad científica de las Universidades Públicas de Castilla y León, las bases y las convocatorias de financiación de la investigación pública, sin imponer la exigencia de tener ninguna colaboración empresarial de los grupos solicitantes como condición previa para obtener financiación pública de la Junta de Castilla y León; no excluyendo de la financiación a la investigación en ciencia básica, economía, ciencias jurídicas y humanidades; posibilitando que los grupos más jóvenes, que no tienen acceso a ayudas más importantes, tengan cabida en las de la Junta, y aumentando el porcentaje de inversión en I+D, respecto al PIB, pasando del 1,15% actual al 2,5%.