El consejero de Educación, Fernando Rey, ha propuesto a los grupos parlamentarios un acuerdo de cara a lo que denomina, de forma eufemística, “reordenación” del mapa de titulaciones universitarias de Castilla y León. Ha constituido para ello una comisión de estudio del tema, que intentaría que el recorte del mapa de titulaciones, “que se va a llevar acabo de todas formas” ha asegurado, cuente con el “consenso” de las universidades, de los entes locales y de los agentes sindicales.

El problema con el que se ha encontrado es que la comunidad universitaria de CyL lo que le ha exigido a Fernando Rey es que, previamente a esa reordenación, “reordene” el mapa de titulaciones universitarias privadas de CyL, revirtiendo la extensión del negocio de la Educación Superior Privada que ha auspiciado durante tantos años el PP hasta ahora en Castilla y León.
Porque el PP ha triplicado el número de universidades privadas en nuestra Comunidad en los últimos años. Universidades privadas que duplican titulaciones de la pública y que su creación no parece que respondiera a ninguna necesidad ni demanda social de Educación Superior que no estuviera ya cubierta por la pública.

Desde 1997 las universidades privadas en todo el Estado han proliferado de la mano de PSOE y PP, pasando de 12 a 32, mientras que no se ha abierto ni un solo campus público (manteniéndose los que había). En Castilla y León, frente a las cuatro universidades públicas (Burgos, León, Salamanca y Valladolid), el PP ha auspiciado cuatro privadas (IE University -Segovia-, Católica de Ávila, Isabel I -Burgos-, Europea Miguel de Cervantes -Valladolid- y Pontificia de Salamanca).
La manida frase del PP “hay demasiadas universidades”, debería ser fiel a la verdad y afirmar “hay demasiadas universidades privadas”. Porque la última universidad pública se levantó hace tres lustros y, sin embargo, en ese tiempo, el número de privadas se ha multiplicado por dos y en nuestra Comunidad se triplicó.
La mayoría de los informes emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria han sido negativos, señalando deficiencias graves en los proyectos de creación de estas universidades privadas. Es más, en la práctica totalidad de ellos, en CyL, se subraya la falta de encaje de la oferta de titulaciones propuestas, por innecesaria, en el marco de la programación general, dado que no respondía a ninguna necesidad social no cubierta por las Universidades Públicas.

La propia Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación, no se ha cansado de emitir tajantes informes desfavorables sobre estas nuevas universidades privadas, dejando claro que no responden a uno de los tres motivos que la legislación actual establece para poder crearlas: demanda por razón de mayor población estudiantil, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Lo cual muestra de forma palmaria que la creación de nuevas universidades privadas no responde a ninguna necesidad o demanda social, sino a una apuesta ideológica del gobierno regional y al beneficio de los accionistas que han invertido en estas “nuevas empresas” de alta rentabilidad, sobre todo en los carísimos másters.

Es decir, el gobierno del PP en la Junta de Castilla y León, contra viento y marea, ha estado autorizando la creación de estos “negocios privados”, en contra de la Conferencia General de Política Universitaria y de la Secretaría General de Universidades, a pesar de que no reunían los requisitos exigidos (con un 30% de profesores doctores, cuando el mínimo de Bolonia es el 50%), ni garantizaban la calidad docente, ni una mínima actividad investigadora que parece no serles rentable (el 99% de la investigación se hace en los centros públicos). Ha sido, en definitiva, una decisión política e ideológica de claro calado privatizador y mercantil, que las ha convertido en fábricas de expender títulos a un buen precio y han creado así una burbuja universitaria que está provocando la impresión de una saturación de titulaciones duplicadas.

Simultáneamente, con la política del PP de subida de tasas en las Universidades Públicas y el recorte de becas, ha provocado una disminución significativa de alumnado, lo cual ha propiciado, a su vez, que las Universidades Públicas se encuentren con titulaciones que se están quedando sin matrículas de alumnado. Un admirable círculo vicioso que se convierte en la coartada perfecta para el recorte y eliminación de lo público mientras se autorizan universidades privadas que ofrecen las mismas titulaciones que las públicas en competencia directas con ellas.

Por eso, cualquier pacto de reordenación del mapa de titulaciones universitarias en Castilla y León debe empezar por la disminución y progresiva supresión de “universidades privadas”, titulaciones privadas y la fusión de otras. La legislación permite a las comunidades autónomas revocar la autorización de funcionamiento a las universidades o sus centros que no cumplan una serie de exigencias mínimas, como es el caso de la mayoría de las Universidad privadas de CyL, sobre todo las de nueva creación.

Esta es la negociación que demanda la comunidad universitaria de CyL, y no promocionar un clima permanente de sospecha sobre la Universidad Pública, como hace el Consejero de Educación, Fernando Rey, a quien habíamos encargado que garantice y gestione lo público al servicio de toda la ciudadanía, pero parece que apuesta más por seguir la línea de su partido: una nueva operación de recorte de lo público y potenciación de lo privado.

Tenemos que enfrentar esta ideología política de la Junta a quien parecen sobrarle Universidades Públicas y universitarios. Apostando porque accedan a los estudios superiores aquellos que se lo pueden pagar. Es la vuelta a la Edad Oscura de una Universidad para las élites y aquellas clases sociales que detentan el poder (los suyos).