Plataforma por la Enseñanza Pública de Castilla y León
Por los responsables educativos de las distintas administraciones y organismos públicos se vienen tomando medidas de manera unilateral que afectan a la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, tanto a los profesionales de la enseñanza, como a padres y alumnos. El 
Real Decreto-Ley 8/2010 de recortes del 5% de salarios y de la congelación retributiva para los Empleados Públicos supone el inicio de una serie de ajustes en las condiciones sociolaborales del profesorado y para nuestro sistema educativo. En 2012 el Real Decreto-ley 14/2012 y el RD-Ley 20/2012. Y así hasta Siete años en los que la acumulación de dichos recortes y las contrarreformas educativas (LOMCE, reforma de la LOU y Reales Decretos de desarrollo de ambas normas) que han supuesto un gran retroceso que nos sitúa en condiciones del siglo pasado.
Menos profesorado y menos personal en los centros educativos y universidades, más precariedad laboral
Las reducciones de plantillas por efecto de la tasa de reposición, por el aumento de las horas lectivas y de la jornada laboral, por el incremento de la carga académica, por la desaparición de programas,… han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes y de personal no docente y un aumento en la precariedad de los mismos. Según los datos del MINHAP entre enero de 2012 y enero de 2016 se han perdido 41.014 puestos de funcionarios docentes en los niveles anteriores a la universidad, 4.643 profesores universitarios y 2.470 puestos de personal de administración y servicios de las universidades.
La continua reducción de la Oferta de Empleo Público que se ha venido sufriendo desde el 2011 en que la cifra de interinidad en la docencia era de 8% ha supuesto una disminución drástica de los puestos docentes (alrededor de 35.000, en torno a los 1500 en Castilla y León) y un aumento en la precariedad de los empleos. Esto supone que el 25% del profesorado de enseñanzas no universitarias es interino, colectivo al que debería garantizarse la estabilidad en el empleo. En nuestra Comunidad ese porcentaje se acerca al 30% entre el profesorado de secundaria.
En el resto de los sectores, la temporalidad y la precariedad también se ha incrementado significativamente. Entre el personal de servicios educativos y complementarios (PSEC), el 30% tiene contratos temporales. El 41% del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas tiene 
contratos temporales y en muchos casos precarios. La mayoría del personal investigador, contratado con cargo al capítulo VI de los presupuestos de las universidades, tiene contratos temporales. En las plantillas del personal de administración y servicios de las universidades públicas la temporalidad ha crecido hasta alcanzar el 17%.
Menos apoyos educativos
La política de recortes del Ministerio de Educación ha hecho desaparecer programas educativos que tenían una gran importancia y calado sobre todo para asegurar la igualdad de oportunidades y para la mejora del rendimiento escolar, como Educa 3, Competencia Básicas, Leer para aprender, PROA, Profundización de conocimientos, Contratos-Programas, Programa ARCE, reducción del Plan de disminución de abandono escolar temprano, entre otros. Se mantienen recortes o disminución de partidas destinadas al apoyo, refuerzo y orientación educativa.
Menos recursos inversiones en infraestructuras y equipamientos y en gastos de funcionamiento para los centros
A los recortes de recursos humanos y educativos hay que añadir los recortes de las inversiones en infraestructuras, mobiliario y equipos para todos los niveles educativos, así como el descenso generalizado de los gastos de funcionamiento de los centros educativos.
Menos formación permanente
La práctica desaparición de los Programas para la formación permanente del profesorado, la reducción de centros de profesores, la disminución de licencias por estudios, ayudas a la formación, …, hacen que la formación docente y no docente quede en la voluntariedad individual y con el consiguiente coste económico para las trabajadoras y trabajadores del sector.
Menos financiación pública de la educación y más carga para las familias
En el total del Estado se ha pasado de un 4,9% del PIB en 2010 a un 4,1 % en 2015. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan lejos de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%). En Castilla y León el Presupuesto de la Consejería de Educación se recortó cerca del 20% entre 2009-2013 y en términos de PIB la caída ha sido de cerca de medio punto (en 2009 se destinaba a dicho presupuesto del 4% del PIB que ha caído hasta el 3,56 en 2014)
Esta reducción de la inversión pública ha venido acompañada de un incremento del gasto de las familias. El ejemplo más evidente se ha producido en el exagerado incremento de los precios públicos de las enseñanzas universitarias, Desde la aprobación del RDL 14/2012, los incrementos medios de los precios de los grados superan el 32% y los de máster el 75%. Las matrículas en la Universidades Públicas en Castilla y León son los terceras más caras de España.
Esta desmesurada subida de precios, producida durante la peor crisis económica de las últimas décadas, junto con la injusta política de becas, ha dificultado a muchos alumnos y alumnas el acceso a los estudios universitarios y ha provocado un inaceptable incremento de las desigualdades.
Aumento de ratios
En aplicación del RD-Ley14/2012 de medidas educativas se han incrementado las ratios, lo que está repercutiendo en la calidad de la enseñanza. El aumento del número de alumnos en las clases ha supuesto un retroceso de décadas en el sistema, la atención a la diversidad en el aula se ha visto perjudicada, desapareciendo de los grupos de refuerzo, desdobles…
Más carga horaria y más carga docente
La aplicación del RD-Ley de 2012 reordena el tiempo de trabajo del profesorado generalizando las 37,5 h de jornada. Además regula la jornada lectiva del profesorado, estableciendo como mínimo 25 h. lectivas para Infantil y Primaria y 20 h. en las restantes enseñanzas. El incremento de carga lectiva supone menos tiempo para otras actividades como, tutorías, departamentos, coordinación, evaluación… Este incremento de la dedicación docente también se ha producido en el ámbito universitario. El RD-Ley de 14/2012 modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario e incrementa la carga académica hasta los 32 créditos ECTS de aquellos profesores que no hayan obtenido una evaluación positiva de su actividad investigadora.
Peores condiciones sociolaborales
La política educativa de recortes impuestas por el gobierno han afectado sustancialmente a las condiciones de vida de los trabajadores de la enseñanza. Los trabajadores y trabajadoras han sufrido un grave retroceso en sus derechos laborales, 
vulnerándose sistemáticamente los acuerdos laborales previos.
Al recorte del 5% en salarios de todos los trabajadores del sector se añade la congelación de los mismos, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo que supera en el 15,4% si tenemos en cuenta la evolución del IPC
Se han suprimido las prestaciones económicas por baja de incapacidad temporal, de manera que no se cobra el 100% de las retribuciones durante el tiempo que se está de baja por enfermedad.
Se han suspendido y/o rebajado de forma generalizada la concesión o abono de cualquier ayuda en concepto de acción social, así como cualquier otra que tenga la misma naturaleza o finalidad.
No se cubren las bajas hasta los 15 días de su notificación
Eliminación y/o disminución de compensaciones económicas al profesorado itinerante, viajes y desplazamientos educativos…
Dificultades para la reducción de horas lectivas de mayores de 55 años
Se han flexibilizado las atribuciones docentes convirtiendo al profesorado en “polivalente”, obligando a impartir docencia en especialidades diferentes a la propia y a la reducción de plantillas.
Reducción de permisos, licencias por estudio, asuntos propios…
Se sigue demorando de forma indefinida la negociación del Estatuto Docente de los Profesores de Universidad.
Se han incrementado de forma exagerada los niveles de exigencia para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios, endureciendo el acceso A las plazas de PDI funcionario.
Imposición de la LOMCE
Se mantiene una ley segregadora que establece itinerarios excluyentes, que selecciona y clasifica al alumnado, incluso antes de finalizar la enseñanza obligatoria.
Una ley sin financiación suficiente, lo que añade nuevos problemas al sistema educativo.
Evaluaciones externas y tempranas que llevan a la separación/segregación del alumnado y de los centros sin que se tenga en cuenta la situación socioeconómica de origen o cualquier otra circunstancia personal.
Un procedimiento que abre la puerta a la especialización y clasificación de los centros que llevará necesariamente a la selección del alumnado en función de sus niveles académicos.
El fortalecimiento de las direcciones de los centros incidiendo en la selección del personal docente e, incluso, en la selección de los alumnos. Ello con las consecuencias de afectación al derecho de movilidad del profesorado.
La reducción de la optatividad y en consecuencia de las materias de modalidad en el Bachillerato lo que lleva a un recorte en el profesorado de cerca de 5.000. Igualmente obliga, en el mejor de los casos, a una reubicación del profesorado que afecta a sus condiciones laborales.
La inestabilidad de las plantillas de los centros, con un alto grado de interinidad e inseguridad laboral, que incide en la calidad educativa.
Una Formación Profesional básica que da lugar, necesariamente, a una segregación temprana del alumnado para llevarle al mundo laboral con una mínima formación y excluyéndoles de la formación reglada y de las vías de integración, que afecta principalmente a los alumnos con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con grave incidencia en las condiciones laborales de los Trabajadores.
Recortes significativos en el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, reduciendo competencias de los consejos escolares e incidiendo negativamente en la toma de decisiones tanto por el personal docente como de los demás miembros de la comunidad escolar.
Además, la reducción de los presupuestos dedicados a la educación, tanto en las Comunidades Autónomas como en el ámbito local, afectan gravemente a los profesores que imparten enseñanzas no regladas, como Música y Danza, que ven peligrar sus puestos de trabajo.
Deterioro del sistema universitario público
El precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más.
La financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros.
El recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos.
Los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%.
El sistema de becas y ayudas al estudio ha sufrido un recorte no sólo en el monto total (más de 3’5 M menos) sino en la financiación por estudiante.
Aumento desorbitado de las universidades privadas en los últimos años, pasando de 15 a 32 y con un fuerte impacto en los estudios de máster a precios inasequibles.
Por tanto, la Plataforma por la Enseñanza Pública de Castilla y León exige:
La derogación del RD-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativa que introdujo los mayores recortes educativos y la derogación del RD-Ley 20/2012 y de la normativa de recortes de la Junta de CyL.
La derogación de la LOMCE y de las reformas de LOU. Igualmente exigimos la derogación de los decretos de desarrollo de ambas normas.
La retirada del recurso de paralización de la LOMCE interpuesto por el gobierno ante el tribunal Constitucional
La reversión de los recortes en la Educación y en las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza en todos los niveles educativos.
Recuperar tasas universitarias no superiores a las anteriores licenciaturas y avanzar hacia gratuidad estudios universitarios y aumento progresivo de las cuantías e inversión en becas.
La negociación colectiva de todos los aspectos que afecten a los trabajadores de la enseñanza en todos sus niveles y particularmente la recuperación de las 35 horas/semanales, reversión de las actividades externalizadas a la titularidad y gestión pública, así como la delimitación clara de las funciones de algunos colectivos.
La participación prioritaria de los sindicatos docentes, junto a otros agentes sociales de la Comunidad educativa en las negociaciones de un Pacto por la Educación.
