La gestión neoliberal de nuestra Educación Superior está convirtiendo las universidades públicas en empresas, como constatan investigadores de prestigio como Noam Chomsky.
El personal docente e investigador (PDI) se vincula cada vez más con las universidades con fórmulas contractuales caracterizadas por la precariedad y por la temporalidad. La contratación de “profesores y profesoras asociados” y de figuras cada vez más temporales, precarias y con derechos cada vez más recortados, a fin de reducir costes laborales e incrementar el servilismo laboral, es parte del asalto neoliberal general a los servicios públicos, a los bienes comunes, a los denominados “procomunes”.
La Ley Orgánica de Universidades de 2000 (LOU) creó seis modalidades de contratación de carácter temporal. A lo que habría que añadir el profesorado visitante, los y las investigadoras Ramón y Cajal, o Juan de la Cierva, así como las y los técnicos de investigación y el profesorado asociado. Esta última figura, por su bajo coste, por ser los que más carga docente tienen, y por su carácter contingente, ha animado a utilizar profusamente esta figura en las Universidades. Se les despide cada semestre, para no pagarles las vacaciones. La conjunción entre asociados y becarios de investigación, evidencia que buena parte de la docencia universitaria está en manos del profesorado peor pagado de todo el sistema educativo.
Este modelo neoliberal pretende un sistema dual de profesorado, como en su reflejo empresarial: una “élite” investigadora y docente de “fichajes estrella” con contratos blindados y una mayoría de profesorado en condiciones precarias, temporales y dependientes de continuas renovaciones de sus superiores, mal pagados y trabajando “a destajo”, con graves dificultades para mantener una cierta “libertad de cátedra” e independencia académica.
A esa élite hay que añadir la proliferación de otra “élite de ejecutivos” que florecen en este modelo de negocio empresarial universitario. Gerentes, cargos administrativos y burocráticos, y empresas asociadas de gestión, se convierten en imprescindibles si tienes que controlar a la gente: una suerte de despilfarro económico, pero útil para el control. En los últimos años se ha registrado un aumento drástico en nuestras universidades de estos “profesionales” de la gerencia y los cargos burocráticos, más que bien pagados y “afines” a quien los contrata.
No obstante, la fe de los fanáticos talibanes en el credo neoliberal es inquebrantable. Cuando Alan Greenspan, economista norteamericano conocido por haber sido presidente de la Reserva Federal de EE. UU., testificó ante el Congreso en 1997 sobre este modelo económico, explicó que una de las bases de su éxito era que estaba imponiendo lo que él mismo llamó “una mayor inseguridad en los trabajadores”. Según esta ideología, si la clase trabajadora está insegura no exigirá aumentos salariales, no irá a la huelga, no reclamará derechos sociales. Y eso es lo óptimo para la salud económica de las grandes empresas. En su día, a todo el mundo le debió parecer razonable el argumento de Greenspan, a juzgar por la falta de reacciones y los aplausos registrados, recuerda Chomsky.
Eso es lo que se ha transferido a las universidades. Conseguir una mayor “inseguridad” de los profesionales que en ellas trabajan manteniéndoles pendientes de un hilo que puede cortarse en cualquier momento, de manera que mejor que sean dóciles, acepten salarios ínfimos y trabajen a destajo. Esa es la manera como se consiguen universidades “eficientes” desde el punto de vista de la ideología empresarial. Y en la medida en que las universidades avanzan por la vía de un modelo de negocio empresarial, la precariedad es exactamente lo que se impone.
Los efectos de esta lógica neoliberal individualizada, precarizada y competitiva, que fija retribuciones, dedicación y prestigio en función de los resultados, supone un aumento de la presión y del estrés laboral, del ritmo de trabajo. Se perciben con mayor claridad cuando afectan a colectivos precarios de docentes e investigadores porque los hace responsables no sólo de su competencia profesional (de su nivel de reconocimiento) sino de mantener (o de conseguir en un horizonte incierto) el propio puesto de trabajo, responsable de su potencial empleabilidad. En estos colectivos la desregulación laboral se traduce en exigencias de flexibilidad y en mayor precariedad. A la flexibilidad temporal (inestabilidad de contratos, dependencia de las subvenciones variables) hay que añadir la flexibilidad horaria (disponibilidad más allá de lo estipulado) y la flexibilidad funcional (polivalencia y tensión formativa correlativa a los posibles cambios en los requisitos de las distintas instancias evaluadoras). Estas nuevas reglas del juego laboral tienen también como efecto perverso una despolitización del profesorado y una casi exclusiva dedicación a aquello que se considera clave en el reconocimiento académico de méritos, centrándose únicamente lo que permite superar pruebas de rendimiento, tener visibilidad y reconocimiento institucional.
Las políticas públicas de gobiernos conservadores, neoliberales y socialdemócratas han promovido y están incentivando que nuestras universidades públicas se orienten hacia este modelo de gestión empresarial, donde parece que lo que importa es mantener los costos bajos y asegurarse de que el personal contratado es dócil y obediente.
La idea es transferir la mayor parte de la docencia a trabajadores precarios, lo que mejora la disciplina y el control. Los costos, claro está, los pagan los estudiantes y quienes se ven obligados a desempeñar esos puestos de trabajo precarios. Pero es un rasgo típico de una sociedad dirigida por la mentalidad empresarial transferir los costos a la gente. La universidad impone costos a los estudiantes y a un personal docente que, además de dificultar gravemente su carrera académica, se le mantiene en una condición que garantiza un porvenir sin seguridad. Todo eso resulta perfectamente natural en los modelos de negocio empresariales. Es nefasto para la educación, pero está claro que su objetivo no es la educación.
Es sorprendente que el dogma neoliberal sea incapaz de comprender que la Universidad debe ser una institución democrática, en la que la comunidad universitaria (profesorado, estudiantes, personal no docente) debe participar en la determinación de la naturaleza de la institución y de su funcionamiento. Esto no es ninguna propuesta ni siquiera progresista o de izquierda, por cierto. Procede directamente del liberalismo clásico de sus fundadores, como John Stuart Mill, que daba por descontado que los puestos de trabajo tenían que ser gestionados y controlados por la gente que trabajaba en ellos: eso es libertad y democracia.
Es la comunidad universitaria y sus docentes quienes tienen que establecer qué van a enseñar, cuál será el programa, cómo se va a desarrollar las investigaciones y cómo compartirlas y colaborar en ellas. En un sistema representativo, necesitas tener a alguien haciendo labores administrativas, pero tiene que poder ser revocable, sometido como está al servicio de los componentes y la institución que administra.
Es bueno para las personas, para la sociedad e incluso para la economía el que la gente sea creativa e independiente y libre. Todo el mundo sale ganando de que la gente sea capaz de participar, de controlar sus destinos, de trabajar con otros: puede que eso no maximice los beneficios económicos inmediatos ni la dominación de unos pocos sobre otros, pero, como plantea Chomsky también, ¿por qué tendríamos que preocuparnos de esos “valores”?
