Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla y Uni-Digna.
En el denominado “programa común progresista”, que Pedro Sánchez ha presentado como “oferta de acción de Gobierno”, en su punto 76, y como primer punto del apartado de educación, se compromete a “aprobar una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años”.
Palabras y promesas, que lleva repitiendo desde hace tiempo, pero que no ha cumplido en su anterior legislatura, teniendo oportunidad y posibilidades para ello, aunque no voluntad política. Porque realmente no ha derogado la LOMCE, tal como se había comprometido ya en 2013, y firmado por escrito con el resto de grupos parlamentarios de la oposición, asegurando que sería una de las primeras medidas si llegaba al gobierno: “Los grupos parlamentarios firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE”. Solo ha escenificado una propuesta de modificación superficial de algunos aspectos (Ley Celaá), la mayoría como declaraciones de buena voluntad, encomendadas además (la mayor parte) a las comunidades autónomas, pero que, ¡oh casualidad!, tras largas vacilaciones y postergaciones, la convocatoria de elecciones generales impidió que llegara a prosperar en el Congreso de los Diputados.
No solo no ha derogado la LOMCE, incumpliendo una vez más sus promesas y compromisos firmados, sino que asegura en este “programa común” que va a blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. La primera pregunta que se nos viene inmediatamente a la cabeza es: cómo lo va a hacer, si en el segundo punto de su “programa” sólo se compromete a “situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025”.
“Cúan largo me lo fiáis, amigo Sancho”, que diría Cervantes, en boca del Quijote, o tantos escritores del siglo de oro, para referirse a que las promesas o proyectos a largo plazo suelen olvidarse con facilidad, e incumplirse posteriormente argumentando las cambiantes circunstancias del futuro. Y, en esto, el PSOE parece que tiene larga experiencia en sus programas (desde la OTAN a la LOMCE).
Si Sánchez no asegura hasta el 2025 llegar al 5% de inversión educativa, lo que está haciendo realmente es no comprometerse él, sino comprometer “supuestamente” al próximo gobierno. No su gobierno, que es para el que presenta el programa, sino el siguiente, que puede ser otro gobierno completamente distinto. Esto se llama “tener una cara de cemento armado” o “tomar a la ciudadanía por imbéciles”.
Lo cual supone, en primer lugar, que no va a revertir los recortes en educación, que aplicaron tanto PP como PSOE (segunda parte de la legislatura de Zapatero), a educación en estos años (9.000 millones de euros). Además, implica que, por muchas declaraciones y promesas que haga, si no va a haber aumento de la financiación real en esta legislatura, la bajada de ratios en las aulas no será posible y el alumnado en la pública seguirá estando masificado; que la atención a la diversidad y la inclusión seguirá posponiéndose sine día con el reiterado argumento de que no hay recursos; que la renovación y mejora de los edificios e instalaciones escolares públicas seguirá languideciendo y retrasándose; que no se podrán hacer desdobles, que se reducirán los refuerzos, que seguirá la política cicatera en becas, que se mantendrá la interinidad y precariedad del profesorado, etc.
En segundo lugar, cómo se va a blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, si no hay incremento sustancial e inmediato de la financiación a la educación pública. Los países de la OCDE que tienen una buena educación, sí que han blindado la educación pública con un presupuesto de más del 7% del PIB, y la media de la OCDE es del 6,5%. Por el contrario, en España, lo que sí está creciendo es la escuela concertada y aumentando sus ingresos y la financiación que se le otorga por parte de los poderes públicos, con el dinero de todos y todas. Aunque las consecuencias de ello son reiteradamente denunciadas (crece la desigualdad educativa, crea colegios gueto, destroza la cohesión social, segrega a minorías y migrantes y por clase social e incluso por sexo, etc.), parece que el PSOE no tiene voluntad política real de iniciar un proceso de reversión y supresión definitiva de esta anomalía española en el panorama europeo.
Pero lo más preocupante, de este primer punto, es la expresión que ahora el PSOE utiliza de forma constante y sistemática: “la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”. Lo cual da por supuesto que ha asumido los conciertos educativos como algo inevitable e irremediable en la política educativa española. Y que van a legislar en este sentido. Si en los años 70 se promovieron como “complemento” a una red pública que no podía cubrir todas las necesidades educativas, ahora su incremento únicamente se justifica por razones de apuesta ideológica neoliberal (actualmente se estén concertando unidades en zonas donde hay unidades públicas que se cierran).
Si Sánchez y el PSOE realmente quisieran blindar la educación pública eso supondría tener voluntad política para establecer una moratoria inmediata de los conciertos educativos, y su progresiva supresión (como proponen partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y de renovación pedagógica) y destinar toda la financiación pública a la escuela pública.
Por eso sorprende aún más su enésima promesa incumplida sólo en este primer punto. Porque si asegura, en este primer punto de su “programa común”[1], que “incorporará los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años”, recordarle a Pedro Sánchez, que estos acuerdos están recogidos, desde hace tres años (y firmados por su grupo político también), en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación.
Y poco coinciden con sus “declaraciones de intenciones”: solo los referidos a este primer punto manifiestan la clara voluntad de la comunidad educativa progresista de este país de que haya una “oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública”, la “supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados; una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, ni un solo concierto más para la educación privada y supresión inmediata de financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad”.
Quizá otro día analizaremos el
resto de los puntos, que parecen más bien promesas electorales o declaraciones
de intenciones, más que un programa de compromisos concretos respaldados
presupuestariamente, y que no apuestan por una educación laica, como es
obligatorio por la Constitución en un Estado aconfesional; que olvidan la
supresión de las reválidas o la reducción de la interinidad del profesorado,
etc., etc. Pero eso será otro día, porque parece que su lista de promesas
incumplidas va para largo.
[1] Por cierto, no sé con quién es común, porque no lo ha consensuado con nadie antes de presentarlo, ni siquiera con quienes ha pedido que le voten su investidura como presidente.
