Desde las organizaciones abajo firmantes, mayoritariamente de la Comunidad Educativa en Castilla y León, pedimos…
” Educar en tiempo de aislamiento”-Foro de participación.
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… que se garanticen medidas de evaluación y promoción en las universidades de la Comunidad, en este final del curso académico, para que ningún estudiante salga perjudicado por la situación extraordinaria de la pandemia.
Igualmente pedimos que, ante la difícil situación de las familias en la crisis sanitaria y social, en Castilla y León se elimine la tasa de examen para la EBAU de este año. Con ello, también se deben flexibilizar los plazos de matriculación de las universidades, de modo que el estudiantado que va a entrar a la universidad en septiembre no se vea perjudicado.
La situación de alarma sanitaria que vivimos ha requerido una adaptación en tiempo récord los contenidos y metodologías docentes de las asignaturas y, sobre todo, los procesos de evaluación, que se deberían adaptar para que todo el alumnado pueda realizarlos en formatos digitales. Creemos que la situación exige que se apoye decididamente la evaluación continua y los procesos formativos graduales en los cuales los y las estudiantes cuenten con diferentes posibilidades para abordar los contenidos y materias según sus recursos digitales.
Para conseguirlo, debe ser prioridad tener en cuenta las necesidades tanto del propio alumnado como, del mismo modo, de los equipos docentes. La formación en herramientas digitales de toda la Comunidad universitaria se hace ya necesaria y su adquisición paulatina de esas destrezas es recomendable. En el caso del profesorado además de formación técnica debería ser una formación pedagógica que permita desarrollar la docencia virtualmente.
En una comunidad autónoma donde internet no llega a todo el territorio, con graves deficiencias en el mundo rural, es necesario tener en cuenta este hecho para que la brecha digital no suponga un hándicap mayor para el alumnado que proviene del mundo rural. Es urgente, por tanto, que las universidades y administraciones apoyen y repartan ordenadores y tarjetas de conexiones a internet a todo el alumnado y profesorado que las necesita para que pueda finalizar el curso en las nuevas condiciones de no presencialidad. Tenemos que asegurar que el 100% del alumnado dispone de dispositivos electrónicos y posibilidad de conexión suficiente para hacer exámenes y demás trabajos académicos para finalizar el curso.
Desde las organizaciones firmantes pedimos que las universidades implementen sistemas flexibles para que todas las y los estudiantes que estén en el último año de carrera puedan acabar y titular el curso y no salir más perjudicados de esta situación. Por ello, hay que prestar especial atención al estudiantado que tiene que realizar ahora los Trabajos fin de grado (TFGs), y a los que tienen que hacer las prácticas, tanto curriculares, como extra-curriculares. Para los primeros, pedimos que se les faciliten todos los recursos posibles para poder acabar sus proyectos con la base necesaria, y para los estudiantes en prácticas, creemos que se debe asegurar que puedan llevarlas a cabo con totales garantías de seguridad.
Del mismo modo, para los estudiantes que estaban llevando a cabo sus prácticas extra-curriculares, esta situación no debería suponer necesariamente la finalización de las mismas ya que en muchos casos se pueden apoyar telemáticamente a las entidades y administraciones que están abordando la COVID19.
Igualmente exigimos que el sistema de becas se refuerce y mejore para que ningún estudiante pierda la beca debido a los resultados académicos de este curso y podamos garantizar el próximo curso que todos los estudiantes en familias con dificultades económicas por la crisis del COVID19 puedan acceder o continuar los estudios universitarios. No podemos permitir que una parte del estudiantado se vea expulsado de la universidad por perder acceso a estas becas.
Por último, pedimos que se bajen o se eliminen las tasas universitarias en nuestra Comunidad (de las más altas de España), tanto en primera matrícula como en segundas y sucesivas, tendiendo a la gratuidad de las enseñanzas. La medida del Gobierno de derogar el Decreto Wert de 2011, facilita la bajada drástica de las tasas, lo que depende de esta Comunidad Autónoma y de la financiación directa de las Universidades.
En el escenario en que estamos, prevemos que muchos estudiantes no van a poder examinarse de las materias del segundo cuatrimestre y tendrán que volver a matricularse. Las segundas y terceras matrículas tienen unos precios prohibitivos en nuestra Comunidad que no son asumibles por la gran mayoría de familias. Por tanto, en este sentido, creemos que debería apostarse por un reembolso de las asignaturas suspensas durante este cuatrimestre o, por lo menos, no se debería aumentar su precio en las segundas matrículas, de cara al curso que viene si se certifica de alguna manera que el/la estudiante no ha podido seguir un ritmo normal del curso por falta de medios.
Se hace necesario plantear de forma urgente una partida presupuestaria para que el alumnado más desfavorecido tenga las mismas oportunidades para seguir o iniciar su formación universitaria. En una situación excepcional donde la sociedad va a tener una de sus peores crisis económicas, la comunidad autónoma debe apostar por la igualdad de oportunidades, rebajando las tasas a las familias que han sufrido una situación precaria y ampliar la dotación de becas (teniendo en cuenta las condiciones de este curso y no del anterior.
Finalmente, pedimos que se subvencionen los sobrecostes que esta situación ha supuesto para el alumnado y sus familias: residencias y pisos pagados, viajes, etc. Y que las residencias universitarias revisen sus cuotas en función de la situación de las y los estudiantes.
Para estas organizaciones de Castilla y León, la situación extraordinaria que vivimos con la pandemia tiene que corresponderse con medidas para que nadie pierda oportunidades de promoción y de continuación de sus estudios universitarios, máxime cuando las alumnas y los alumnos de familias con menos medios y de la España vaciada resultarían más afectados negativamente.
Castilla y León, 12 de mayo de 2020