Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. 

La censura y control sobre la educación pública, plural, democrática e inclusiva es una estrategia que los grupos fascistas han hecho y siguen haciendo en muchos países. Anclados en la falsa creencia de todas las dictaduras: “si controlas su educación, controlarás sus mentes”. Lo están impulsando vía “lawfare educativo”.

Introducción

Con ello consiguen cuestionar y desprestigiar la educación pública por su capacidad de formar en valores democráticos y favorecer la igualdad social, acusándola de adoctrinar; atacar el modelo de escuela pública sembrando la sospecha sobre la labor del profesorado y socavando la relación de confianza entre la familia y la escuela; impulsar el miedo (o, al menos, la prevención) del profesorado que empieza a sentirse acosado y amenazado ante las denuncias; y sobre todo hacer girar la agenda mediática sobre estos aspectos en vez de los verdaderos retos de la educación: reducir el número de alumnado por aula (ratios), la falta de recursos, las plantillas inestables y las altas tasas de interinidad o la religión en la escuela  del siglo XXI.

Estrategia clásica 

Esta estrategia, impulsada en España por el grupo fascista VOX, a través del que ya muchos denominan “PIN de censura educativa”, tiene un largo recorrido. Es un clásico de la manipulación de los sistemas autoritarios, presentando el control y la censura como un paternal ejercicio de “protección de los menores”, incluso de sí mismos. Con los mismos esquemas, con las mismas falsas imágenes, con las mismas “fake news” o mentiras y con los mismos vídeos, que se difunden en redes sociales y grupos familiares de whatsapp, donde niños y niñas “encantadores” piden que en el colegio se dé matemáticas y en casa se eduque en valores. 

Son las estrategias de “lawfare” (guerra jurídica contra la democracia) que los grupos ultraderechistas y los grupos evangélicos ultraconservadores (financiados por EEUU en Latinoamérica para combatir la teología de la liberación, que cuestionaba la desigualdad y la injusticia y apostaba por los pobres), han utilizado para dar golpes de estado “blandos”, como en Brasil, y poner en el poder a líderes ultraderechistas, como el militar Bolsonaro.

Lawfare educativo

Una de las primeras medidas de Bolsonaro, cuya ministra de familia declaraba “las niñas de rosa y los niños de azul”, fue combatir la educación en el respecto a la diversidad y contra el bullying homofóbico, denominándola “kit gay”, utilizando para ello ‘fake news’, en donde aseguraba que se pasaban películas porno gay en las escuelas. La versión brasileña de este pin fue “Escuela sin partido” que, según el militar, pretendía “acabar con la prevalencia de ideas de izquierda en las aulas”, persiguiendo las ideas del gran pedagogo Pablo Freire y estimulando a que los estudiantes grabaran las clases y denunciaran al profesorado que considerasen que cometían el delito de ‘adoctrinamiento ideológico’.

Dado que en España no pueden imponer este adoctrinamiento de una forma directa, por ley como en Brasil o Bolivia, han optado por una vía indirecta, el lawfare educativo: el acoso vía judicial contra los valores democráticos e inclusivos de una escuela pública abierta, libre y plural.

Censura educativa

Exigen una censura educativa previa, un nihil obstat, para controlar que los centros educativos públicos y los profesionales cualificados que en ellos educan, no aborden “temas controvertidos”, según los definen ellos. 

Lo cual, traducido en sus categorías, significa que el profesorado no cuestione la homofobia, no critique el racismo o la desigualdad. Lo que hay detrás de este pin es su incapacidad para admitir una sociedad democrática plural y tolerante. No admiten pensamientos diversos, visiones críticas o que cuestionen el sistema. Es su discurso del odio trasladado a la educación. El discurso del odio a la diversidad, a la igualdad, a la justicia y los derechos humanos, propio del fascismo.

Acoso a la educación pública: vigilancia y control del profesorado de la pública

Pero estas campañas de censura educativa tienen una finalidad añadida que es clave. Sembrar la desconfianza sobre la educación pública. Buscan cuestionar la labor de los profesionales de la educación, a quienes acusan de adoctrinar y “corromper”. Profesionales que han accedido a su labor docente por oposición, tras una formación universitaria certificada. Este acceso garantiza la diversidad de personas, de creencias y de ideologías que pueblan la escuela pública y que trasladan la diversidad social en la que va a convivir el alumnado. 

La “vigilancia y control” que reclaman sobre el profesorado de la pública, es censura. Lo cual es un atentado no solo contra la autonomía de los centros educativos sino, también y especialmente, respecto a la libertad de cátedra de los docentes, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución. 

Se empieza con el “Pin”, se continúa grabando con cámaras de seguridad en las aulas y se termina persiguiendo y encerrando al profesorado disidente. Ya se ha descrito suficientemente en novelas como 1984 de Orwell. 

Efectos colaterales

Este lawfare educativo está teniendo efectos colaterales muy graves. Está provocando, de hecho, que una parte del profesorado se empiece a replegar cada vez más, porque se siente amenazado y no quiere ser denunciado. En buena parte de los claustros de los centros escolares públicos se empieza a percibir la autocensura para “no tener problemas”.

Además, está socavando la confianza de las familias hacia el profesorado de la pública. Lo cual acaba deteriorando la percepción que se tiene sobre la propia educación pública y el servicio público educativo. Esta confianza se tarda mucho en consolidar y está sólidamente demostrado que es uno de los factores que inciden positivamente en la mejora de la educación. 

La dificultad añadida es que este enfoque lo está asumiendo la derecha conservadora y la neoliberal, y las difunde la denominada “caverna mediática”, es decir, los medios de comunicación conservadores y reaccionarios. Lo cual significa que están marcando la agenda mediática y parece que toda la acción política y pública se galvaniza en torno a estos desvaríos trasnochados, en vez de hablar de los temas importantes en educación. 

Alternativa: asignatura de ciudadanía 

La solución parece clara: más información y más formación a las futuras generaciones para que no vuelvan a cometer los mismos errores que han “engendrado estos monstruos”. Por eso se hace necesaria e imprescindible la urgente implantación de una asignatura obligatoria y evaluable, impartida por el profesorado, con contenidos de derechos humanos y sociales, libertad afectivo-sexual, antirracismo y antifascismo, como en Suecia, Alemania o Reino Unido, donde son asignaturas obligatorias desde hace casi 50 años y las familias alemanas que se oponen a que sus hijos e hijas reciban educación sexual pueden acabar en la cárcel o ser sancionados con multas de hasta 5.000 euros. 

Hay que educar en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos. Lo que necesitamos es acordar un “Pin Mental” sobre estos disparates nacionales. Necesitamos un “Pin” que aísle el discurso del odio. Esta sociopatía integrista de VOX, heredada de la dictadura franquista, no puede tener cabida ni debate en una sociedad democrática.