Asistimos en este tiempo a un escándalo que no corresponde a lo que debería ser un debate educativo. Está producido por el llamado “pin parental” que, en realidad, es un veto a la educación general que promueven partidos y grupos de extrema derecha como forma de controlar la educación integral que debe recibir todo alumnado en su educación general obligatoria.
Cuando eran propuestas sin repercusión en la práctica, parecía que solo sería un falso debate que quedaría ahí, por las redes circularon, por ejemplo, en que de hacerlo así se estaría infligiendo los derechos humanos y dando rienda suelta a cuestiones como la homofobia, el racismo, el sexismo, y hasta “el terraplanismo” o el creacionismo, etc.
Ahora no es lo mismo, el gobierno de Murcia lo apoya institucionalmente y dirigentes de partidos de derecha que nunca se lo plantearon están introduciéndolo en su discurso. Otros gobiernos del PP como el de Castilla y León dice que no lo aplicará pero no deja constancia firme de que vaya a ser así.
Tampoco es que sea algo nuevo en esa derecha más retrógrada e involucionista. Ya hubo movimiento con la Educación para la ciudadanía y la objeción que entonces pusieron en marcha sectores cercanos al Opus Dei.
La situación necesita una respuesta, si no queremos ver disminuidos los derechos educativos de gran parte de la población.
Esas respuestas deben ser muy diversas y provenir de fuentes muy distintas. Por supuesto deberá insistir-existir una respuesta institucional como promete el ministerio si en un mes el gobierno murciano no da marcha atrás y que esperamos lleven a la práctica:
Celaá pide retirar el ‘pin parental’ para evitar los tribunales: “Los hijos no son propiedad de los padres”
Se están empezando a producir movilizaciones entre mucha gente harta y “asustada” de lo que puede significar. Como pronunciamientos de numerosas organizaciones de profesorado, familias o de movimientos estudiantiles (en algún caso con propuestas de movilización ya ). También el problema tiene su reflejo e a través de la plataforma Change:
Lo anterior no se produce solo desde el gobierno de Murcia. Esa política “invasora” de la derecha-extrema derecha, que quiere recortar los derechos educativos está produciendo un cúmulo de acciones de represión en diferentes territorios, a veces con más repercusión y otras con menos. Podrían servir como ejemplo el intento de anular a un profesor en Andalucía, la supresión de todo el programa afectivo-sexual en la localidad de La Flecha en Valladolid u otras ocurridas en Valladolid como la demanda contra una charla de Cristina Almeida en dos centros o la campaña de Hazte oír para lograr el mismo fin.
Deberán existir movilizaciones y actuaciones para evitarlo, en distintos campos y de diferentes formas para impedirlo. En realidad, el sistema democrático está en juego en lo que a Educación se refiere, pero, aún así, nuestras miras deben ir más allá.
No debemos dejar que esa medida concreta o ese tipo de acciones sea el límite del debate. Hacerlo en estos días está significando, por ejemplo, que estén desapareciendo del debate educativo verdaderas injerencias de creencias particulares como que la religión confesional siga imponiendo un tiempo , además con una evaluación a todo el alumnado (e incluso trate de aumentarse con la presencia de crucifijos) o que se permita en muchos centros privados católicos que están pagados con fondos públicos, el adoctrinamiento sistemático del alumnado desde una posición particular que, esa sí , no debe ser el saber de toda la población.
Quizá eso sea, por tanto, amoldarnos al terreno que esas personas, partidos y grupos quieren imponer desde su ideología racista, homófoba,…. No podemos enredarnos en responder cada opinión, pero sí tener claro lo que defiende la educación universal para todo el alumnado y mostrar contundencia ante la puesta en marcha ya.
Quizá hacer las dos cosas (responder y avanzar) pase por pensar en una ley que se blinde contra lo que ahora se pretende:
- que marque el derecho de la educación de la toda la infancia de forma libre como lo establece el acuerdo de los derechos internacionales de la infancia (y no el antiguo derecho romano que concedía la potestad a los padres especialmente). Que lo haga por encima de otros intereses particulares políticos o económicos,
- que marque la educación global de cada alumno y de cada alumna, recogiendo todo el conocimiento que debe tener de la existencia de la realidad actual que se pretende esconder y la necesidad de tener opinión sobre ella.
- que se defina abiertamente y sin concesiones contra desigualdades como género, de etnia, de procedencia, de tendencia sexual, etc. y ponga parapetos para que eso no haya quien lo pueda detener.
- que esto tenga reflejo en una propuesta curricular que deba llevarse a todos los centros educativos que estén homologados.
- que avance hacia un mundo más justo lejos de intereses económicos e ideológicos- políticos particulares.
Todo eso habría que debatirlo y definirlo pero avanzando.
Debemos hacer que este obstáculo sirva de plataforma de lanzamiento para una ley y una política educativa que promueva la libertad y una formación completa de toda la ciudadanía.
