Autor Miguel Ángel Aragón Salinas
Deberíamos preguntarnos si en España (y en otros lugares) caminamos hacia un mercado educativo total o preeminente cuanto menos. Un mercado, además, especialmente protegido (en el caso de la concertación) por unos gastos (no los beneficios), que salen del dinero de todas y todos, que aspira a tener cero riesgo sin renunciar a beneficios ¿No es eso lo que supone aumentar los conciertos a la privada concertada?
Veamos la medida que sacará el Ministerio de Educación
Leemos hace unos días sobre el aumento de la cuantía de los conciertos (Diario ElPaís de 23 de octubre de 2024 ) : “la previsión del Gobierno es … actualizar los conciertos. ..para garantizar la gratuidad de la enseñanza en los centros concertados. El ministerio espera que la actualización de los conciertos vaya de la mano de un compromiso por parte de los colegios concertados respecto a la eliminación de las cuotas que buena parte de los centros exige a las familias, y en el cumplimiento de la normativa de admisión escolar, evitando la selección del alumnado…”
Primero algunas reacciones.
Quienes defienden la educación pública como la de todas y todos no están de acuerdo.
Por ejemplo, desde la CEAPA, su presidenta María Capellán dice: “no es normal que cada vez se derive más dinero a la concertada y la pública empiece a parecer subsidiaria de ella. …Se siguen cerrando aulas en la pública, tenemos centros educativos muy deteriorados, y al mismo tiempo se continúan ampliando los conciertos a la concertada”.
En esta misma línea encontramos lo que dicen los directores de centros públicos, sindicatos...
Tampoco los partidos que apoyan al gobierno la defienden: Sumar opone a la actualización de los conciertos al tiempo que reclama que “todos los esfuerzos financieros y políticos” para mejorar la educación pública. …Podemos, lo califica de “burla e insulto” para quienes defienden la educación pública.”. A pesar de eso, parece, que en el acuerdo de investidura figuraba una propuesta que defendía algo similar según El Salto 24 de octubre de 2024.
¿Tiene opciones de cumplirse esa contraprestación?
Ese “deseo” de evitar cuotas y exclusión que “espera” el ministerio no parece asegurado (ni casi posible). En primer lugar, por lo que contesta CECE (patronal católica) negando que existan problemas ni respecto al cobro de cuotas ni al cumplimiento de la normativa de admisión, ¿qué negociar? Eso a pesar de que en un estudio sobre costes de educación de las familias en centros concertados de la fundación ESADE (ligada a la congregación jesuita) lo admite ( para llegar a justificar ,eso si, el aumento de dinero público para esos centros privados).
Por otro lado, un gran atractivo de esa privada financiada al 100% sea, no tanto la supuesta calidad sino, precisamente, la selección que supone ir allí huyendo de alumnado vulnerable y estableciendo “relaciones” con sectores sociales más influyentes (suponiendo que esto sea verdad y lo sea para todo el alumnado). ¿Cómo van a dejar de ser centros selectivos?
En tercer lugar, teniendo en cuenta que estos centros son empresas que tratan de hacer negocio (aunque protegidos) ¿cómo van a renunciar a seguir haciéndolo? Al negocio privado es difícil ponerle límites.
No parece, además, que la postura ministerial tenga suficiente contundencia cuando se anuncia con un “esperar que…”. Es como pedirles por favor. Teniendo en cuenta los mil subterfugios que puede haber (como los ha habido hasta ahora) con bastante probabilidad acabaría siendo el aumento del dinero público a las empresas educativas privadas para cumplir lo que dice la letra de la LOMLOE y poco más.
Por último, si existe exclusión y cuotas “obligatorias” ahoraa ¿No se está incumpliendo ya la ley educativa que habla de enseñanza gratuita e igualdad de oportunidades? ¿Cómo pensar que, si ahora la inspección no es capaz de evitarlo, lo hará después? . Por otro lado existen administraciones en bastantes territorios que potencian ese negocio privado que vive del dinero público, ¿Cómo pensar que si actualmente se deja (o potencia) que seleccionen y cobren cuotas, después dejarán de permitirlo?
Analizando lo que, de momento, es un simple anuncio (o por lo menos es lo que se sabe públicamente), no parece que sea una propuesta de aumento de la financiación en la que se incluyan necesidades más globales de la situación de las redes de centros, las grandes necesidades de los públicos, etc.
Tampoco se menciona en ese anuncio cómo se debiera compensar lo que se ha venido favoreciendo desde algunos gobiernos autonómicos el negocio privado (de forma descarada) que supone “capital público añadido” y discriminación de lo púbico: cesión de terrenos, cesión de toda la subvención 0-3 a la privada (incluso a verdaderas “guarderías”) sin crear plazas públicas, limitación en FP pública creando centros privados y beneficiando las prácticas en los mismos,… Además de acciones que favorecen la derivación alumnado (clientela en su concepto) como es el caso de la potenciación del distrito único, el trasvase automático de un centro 0-3 a uno privado, dejar que se inflen las notas de alumnado de 2º de bachillerato o la relajación a la hora de exigir requisitos para matricularse en centros concertados…
Al hilo de este aumento de dinero público a la privada concertada quizá cabría hacerse algunas preguntas para saber si es solo eso o la iniciativa tiene mayor calado.
Esta medida coincide, curiosamente, con la propuesta de Save de Children que ha sido fuertemente criticada por los sectores de defensa de la escuela publica( ver análisis de Manuel Fernández Nava en ElDiario.red ) . En ella prácticamente se renuncia a lo público para pasar a “ofrecer un servicio al público” ¿Es esa la cuestión? ¿se olvida qué supone EDUCACIÓN PÚBLICA? Un sistema privado basado en la competitividad (de mercado y otros tipos) va a seguir discriminando porque se basa justamente en eso su éxito: desechar al vulnerable que genera trabajo y poco prestigio y quedarse con el alumnado de éxito que aporta prestigio a la “institución”.
