El PP ha anunciado a bombo y platillo una bajada de impuestos con su nueva reforma fiscal. Montoro explica así que el Estado tendrá 9.000 millones menos de recaudación. Si el PP de Rajoy ha prometido a la UE recortar en 30.000 millones el gasto público, eso significa que se van a recortar 39.000 millones (casi cuatro puntos del PIB). ¿De dónde? De donde se están recortando actualmente: de los servicios públicos. Es decir, que con esta rebaja de impuestos, tendremos un Estado indigente y sin recursos públicos para garantizar los derechos establecidos en la Constitución: educación, sanidad, dependencia, etc. Todo se fiará al mercado. Menos Estado, más mercado. Es su doctrina, su religión y su credo.
Esta es una reforma fiscal para los ricos. Porque los ricos tienen dinero para pagarse su educación privada, su sanidad privada, sus fondos de pensiones privados, etc. A ellos no les importa que se recorte la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas. Porque para ellos, como dijera Ronald Reagan: “el Estado no es la solución, es el problema”.
Una fiscalidad progresiva que sustente un Estado fuerte y con recursos para garantizar los derechos sociales de todos y todas es, para ellos, una irresponsabilidad, la falta del aguijón indispensable de la competencia individual. Los derechos que garantiza el Estado, para ellos, desincentiva a la gente a producir.
Consideran que el subsidio del paro y las rentas mínimas mantienen a la gente dependiente del Estado: la gratuidad de los estudios empuja a la vagancia, las políticas de redistribución de los beneficios desincentiva el esfuerzo. Los impuestos progresivos generan fuga de empresas y de capitalistas, al imponer cargas fiscales a los beneficios del capital. Asistimos así a una completa inversión de la crítica social: mientras que, hasta los años 1970, el paro, las desigualdades sociales, la inflación, la alienación, todas las “patologías sociales” eran relacionadas con el capitalismo, ahora estos males han comenzado a ser sistemáticamente atribuidos al Estado.
Hay que adelgazar el Estado, lo público, lo común, y convertir lo privado, el negocio y los beneficios en el incentivo que mueve la dinámica social. Una dinámica en la que ellos tienen todas las de ganar, puesto que son quienes controlan la economía y las finanzas. Quienes se sitúan en los puestos de salida de este modelo social de lucha darwinista, de competitividad salvaje en busca del enriquecimiento sin límite. Es el regreso de los “lobos” de Wall Street con piel de reforma fiscal anunciada para incentivar el consumo.
Si analizamos esta reforma Montoro del IRPF veremos que, detrás de sus proclamas populistas, reduce mucho más los impuestos de las rentas altas que los de las rentas bajas. Ahorra, por ejemplo, 300 euros a una renta baja y 4.000 (o mucho más) a una renta alta. Lo que hace es favorecer a quienes más tienen. Baja los impuestos sobre las ganancias especulativas y crea una nueva forma de ahorro exento de impuestos. Y todo ello manteniendo unos impuestos más bajos para los rendimientos del capital que para los del trabajo. No sólo beneficia, por tanto, a los de arriba, sino que la clase trabajadora, que se ahorrará unos pocos euros, perderá mucho más con los recortes del Estado Social, que será de donde salgan esos 9.000 euros que se dejarán de recaudar.
Además, apenas se tocan los impuestos que favorecen a los más ricos: especialmente la deducción por planes de pensiones privados o la de compra de vivienda. Pero sí se recortan a los jóvenes que viven de alquiler y a los despedidos. Los jóvenes solo podrán deducirse de sus impuestos la mitad de lo que hasta ahora se descontaban, mientras que los que sean despedidos tendrán que pagar impuestos por la indemnización por despido.
En el colmo de la desfachatez, Montoro afirma que exigirá a la banca “que devuelva a la sociedad el esfuerzo que ha hecho” rescatándola. Pero lo cierto es que la banca se ahorrará 2.500 millones de euros que el Estado no recaudará con esta reforma. Como se constata, con el PP la banca siempre gana. Al igual que las grandes empresas, a quienes se les reducirá el impuesto de Sociedades del 30% al 25%, pero no a las pequeñas empresas.
Incluso deducciones de aparente preocupación social (destinadas a la dependencia o a familias numerosas sean ricas o pobres), contrastan con los recortes generalizados en la Ley de Dependencia o en las ayudas sociales. Lo lógico, en vez de apostar por lo que llaman “beneficios sociales”, sería dotar de recursos a la Ley de Dependencia o hacer realidad la educación gratuita de 0 a 3 años.
En definitiva, lo que se esconde detrás de esta “bajada” de impuestos es una maniobra electoralista, para aprovecharla como recurso electoral en las convocatorias electorales próximas dirigida fundamentalmente a bajar los impuestos más a los más ricos, es decir, a quienes el PP considera su electorado natural. De hecho, la concepción de esta reforma fiscal no responde a verdades necesidades fiscales y presupuestarias españolas: déficit del 7%, deuda pública en el 100%, compromiso con la UE de nuevos recortes, exigencias de la UE, etc. Parece más bien una estrategia de marketing comunicativo del PP de cara a recuperar votos, tras el varapalo electoral de las europeas y la quiebra del bipartidismo en todo el Estado.
No podemos mantener un Estado indigente, sin recursos para garantizar los derechos sociales para todos y todas. Un Estado de derecho, una democracia real tiene que tener recursos para garantizar los derechos. Lo que necesitamos es tener los impuestos suficientes que permitan resolver las necesidades sociales y que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto la fiscalidad ha de ser suficiente, progresiva y equitativa.
No olvidemos que la presión fiscal en España se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media europea. Pero si se compara con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo. Los países nórdicos, Italia y Francia tienen recaudaciones fiscales en el entorno del 45%; Alemania y Holanda, en torno al 40%. En prácticamente todos los países europeos de la zona euro la recaudación fiscal ha subido en los últimos diez años, menos en España, donde es un punto y medio más baja que hace diez años.
Por eso debemos luchar por una reforma fiscal justa para una salida social de la crisis. No esta reforma fiscal del Gobierno del PP que debilitará el gasto social, favoreciendo a los que más ganan y que es meramente una nueva maniobra electoralista.
